El president de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, está empeñado en blanquear en sus listas la presunta corrupción que afecta a su partido en ayuntamientos como Ontinyent, Paterna o La Font de la Figuera.
Un incesante goteo de casos, de irregularidades, que tienen un único y máximo responsable, por acción u omisión, que es Ximo Puig, pero en los que también se hace patente el mestizaje porque Compromís es cooperador necesario. Mientras la justicia investiga hechos presuntamente delictivos en Divalterra bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, prácticas algo más que turbias por parte del gobierno de Sagredo en Paterna o, directamente, la compra de terrenos por parte del Ayuntamiento de la Font de la Figuera al suegro del primer teniente de alcalde, del PSOE, Ximo Puig sigue mirando hacia otro lado y dando cobertura a supuestos corruptos en sus listas electorales.
Personas a las que, incluso, está proclamando como candidatos y a las que organiza fiestas para ensalzar su figura con la única intención, insisto, de blanquear esos presuntos hechos irregulares.
Los socialistas no sólo han perdido la oportunidad de demostrar con hechos sus palabras acerca de tomar medidas firmes frente a hechos como los que se investigan en estos tres municipios y en los que también hay conexiones con sus socios de Compromís, no en vano en la Font de la Figuera el alcalde pertenece a esta formación y en Paterna han sido socios de gobierno hasta hace algunas fechas.
Como decía, hace unos días Puig reflexionaba acerca de lo que su partido había hecho mal en un intento de explicar la debacle socialista en Andalucía. Pues ahí lo tiene: tratar de engañar a los ciudadanos e intentar tapar los casos de corrupción que afectan a su formación, además de una nefasta gestión. Tres elementos comunes a los gobiernos de Susana Díaz y del propio Puig. Cuando el líder de los socialistas valencianos habla de ‘hipoteca reputacional’ debería pensar en si hacer candidato a una persona investigada por hechos tan graves como los que llevaron a la detención de Jorge Rodríguez por el simple hecho de un cálculo electoral partidista contribuye o no al desprestigio de la clase política y de la imagen de la Comunitat. Durante tres años, el PP ha venido denunciando las irregularidades que hoy se investigan, relacionadas con supuestos delitos de administración desleal, malversación de caudales públicos y prevaricación. Denuncias que, cabe recordar, provocaron la dimisión de dos cogerentes de Divalterra, como fueron José Ramón Tiller y Víctor Sahuquillo, antes de la detención de Rodríguez y el desmantelamiento de la estructura directiva de Divalterra diseñada por José Manuel Orengo cuando ejercía como jefe de gabinete del propio Rodríguez.
En el caso de la Font de la Figuera, ya hay una sentencia en contra de la gestión del alcalde y ahora se está investigando por la vía penal. Además, se cuestiona y mucho la participación de una asesora de Mónica Oltra que, al parecer, medió entre el ayuntamiento y la Diputación, dos administraciones para las que no trabaja, para que el propio ayuntamiento de la Font de la Figuera pudiera optar a financiación de la Diputación. En definitiva, se trata de un modus operandi que estamos viendo que se repite en distintos ayuntamientos gobernados por PSOE y Compromís.
Aquellos que decían que venían a rescatar personas pero sólo se rescatan a sí mismos y a los suyos. Y, por lo que parece, pretenden seguir haciendo lo mismo volviendo a situar a estas personas como alcaldables.