Los whatsapp del caso Alquería

La UDEF constata la creación de un Consejo de Dirección paralelo y que se adecuaron contrataciones “ad hoc”

Los whatsapp del caso Alquería
23/10/2019 -

Un nuevo informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportado al Juzgado de Instrucción número 9 de València, que investiga el caso Alquería, considera confirmada la existencia de un llamado ‘Consejo de Dirección’ constituido como un órgano dentro de la empresa pública Divalterra –antigua Imelsa– que no aparecía reflejado en los estatutos de esta entidad y que realizaba funciones que le correspondían al Consejo de Administración, en el que sí estaba representada la oposición, a diferencia del primero.

La Policía también dice haber encontrado documentos que “muestran la incertidumbre jurídica respecto a la contratación de los altos directivos” objeto de esta investigación. De hecho, figura un intercambio de mensajes entre Manuel Reguart, asesor de Rodríguez, y el propio expresidente en el que el primero le traslada: “Estos son los seis puestos de alta dirección de Imelsa que quieren contratar, sueldo 50mil. Los técnicos que se indican con flechita quieren que sea por concurso”.

A esto, Rodríguez contesta que “no eran seis” y Reguart responde: “A nosotros (el presidente, vaya) nos proponen cambiar el título del puesto ‘estudios y estrategia local’ por un título que nos interese y poner a la persona que queramos”. “Eran cuatro”, dice entonces el expresidente, a lo que Reguart afirma “correcto”.

Ante esto, el expresidente de la Diputación dice que “eso es una barbaridad” porque, continúa, “además nosotros solo tenemos dos chorradas de medio ambiente”, mientras que “Compromís se queda de nuevo turismo y ahora suma Promoción económica”. “Esa era nuestra y es el perfil que hemos buscado nosotros”, concluye Rodríguez.

También expone el informe de la UDEF que de los efectos intervenidos al secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y al ex director gerente Xavier Simón, se concluye que conocían los informes jurídicos sobre la contratación de altos cargos y que existía una “problemática” con estas. De hecho, la Policía asegura que existe una “incertidumbre e inseguridad” sobre estos contratos y hay varias personas que “no ven que se vinculen los altos cargos a las encomiendas establecidas en Divalterra”.

“Se evidencia un claro interés respecto al encaje legal y adecuación de las contrataciones de los directivos como personal de alta dirección, buscando realizar una contratación ad hoc”, apunta la Policía.

Además, la Policía afirma que de los correos y mensajes intervenidos se desprende la “gran inseguridad” que existía para llevar a cabo la contratación de nuevos directivos, dado que dichos contratos de alta dirección “no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerados como tales” y los investigados tenían “conocimiento” sobre este extremo. “Se evidencia un claro interés respecto al encaje legal y adecuación de las contrataciones de los directivos como personal de alta dirección, buscando realizar una contratación ad hoc”, añade.

Así figura en un extenso documento elaborado por la UDEF que ha avanzado el diario ‘Las Provincias’ y al que ha tenido acceso Europa Press. El informe, que fue entregado al juzgado el pasado 17 de octubre, trata de constatar las líneas en las que hasta ahora se han centrado los investigadores.

Por estas contrataciones están investigados por los delitos de prevaricación y malversación el expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodríguez y los dos directores gerentes: Xavier Simón Albentosa y Agustina Brines.

La UDEF recoge una “gran cantidad” de documentos en los que se menciona el denominado ‘Consejo de Dirección’, que estaba compuesto por dos diputados del PSPV, dos de Compromís, uno de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), uno de València en Comú –marca bajo la que se integró Podemos en la pasada legislatura–, el consejero delegado, el gerente y los responsables de las áreas financieras, recursos humanos y jurídica.

El informe sostiene que del contenido de los mensajes del móvil del expresidente de la Diputación se observa que dicho órgano “realizaba funciones que estatutariamente le correspondían al Consejo de Administración de Divalterra, en el que sí estaba integrada la oposición.

También hace constar, del análisis de otros mensajes y anotaciones, que existían fechas marcadas para reuniones del Consejo de Administración de la firma pública y otras fechas para las del Consejo de Dirección, “órgano que resulta ser ajeno totalmente a la estructura interna de la sociedad Divalterra, sin que conste su composición y funciones en los estatutos de la misma”.

Se refleja igualmente en este informe como el propio jefe de gabinete del entonces presidente de la institución provincial se refiere a un “Consejo de Dirección Político” que se celebraba, según concluye la UDEF de las conversaciones intervenidas, antes del propio Consejo de Administración de Divalterra y, en él, únicamente participaban los partidos que formaban parte del pacto de Gobierno en la Diputación y decidían lo que se trataba en el órgano estatutariamente contemplado para estas funciones, así como las decisiones que se tomarían en él.

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