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El Ayuntamiento de València avanza en políticas de igualdad e inclusivas, gracias al convenio firmado con diferentes empresas valencianas para la dotación de equipamiento integral de viviendas municipales, que irán destinadas a ayudar en la recuperación de la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género o de explotación sexual.
En total se dispondrá de 3 viviendas de patrimonio municipal, que ya han sido asignadas a tres mujeres víctimas de la violencia machista – una mujer con dos hijos, una mujer con una hija y una mujer con cuatro hijos – que, una vez aprobada la cesión y el contrato por la Junta de Gobierno Local, entrarán a ocupar estas viviendas, de manera temporal, para ayudarles a hacer “la transición a la vida autónoma junto a los menores a su cargo”.
“La violencia de género y la trata para la explotación sexual y prostitución son problemas extremadamente graves, generados por las desigualdades entre hombres y mujeres. El hecho de que estas mujeres sean o hayan sido víctimas de violencia de género influye en la dificultad de formar parte de la sociedad como ciudadanas de pleno derecho”, apuntaba el alcalde de València, Joan Ribó.
Por este mismo motivo, prosigue, “es necesario crear espacios donde las víctimas se sientan seguras y plenamente recuperadas, así como ofrecerles todos los recursos al alcance del Ayuntamiento”. Y así ha sido. Con el protocolo de actuación conjunta entre la concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de València y la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género de la Generalitat Valenciana se pretende que “las víctimas de violencia de género o de trata por explotación sexual y prostitución, que finalicen su proceso de recuperación en los recursos de acogida de la conselleria, puedan acceder a este tipo de viviendas para comenzar a recuperar su autonomía”.
La estancia de estas mujeres en estas tres viviendas municipales será de un año, prorrogable a dos periodos de seis meses, con un máximo total de dos años. Sin duda, un paso más que sigue la línea de rescatar personas, y que ha sido posible gracias a la colaboración de ambas administraciones públicas, pero también de empresas privadas que, atendiendo a la responsabilidad social empresarial, han apostado por esta iniciativa.