El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que el procedimiento "exprés" de apoyo a los ayuntamientos para tramitar licencias urbanísticas que el Consell aprobará este viernes busca poner todos los recursos al alcance de la Administracion autonómica para agilizar la burocracia y facilitar al máximo la reactivación de la actividad económica ante la pandemia de COVID-19.
Ximo Puig ha trasladado esta iniciativa en la reunión mantenida por videoconferencia con la directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), a la que ha informado de que el Consell aprobará en su reunión de este viernes la regulación de las entidades colaboradoras en la verificación de actuaciones urbanísticas, las llamadas ECUV.
Esta "vía rápida", tal y como ha subrayado el president, permitirá agilizar la carga burocrática a la que se enfrentan los grandes municipios para la tramitación de licencias de obras, y también suplir la falta de personal de los ayuntamientos de menor dimensión, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y el empleo y la revitalización de este sector en el actual escenario de crisis generado por la expansión de la COVID-19.
De hecho, la Comunitat Valenciana es una de las primeras autonomías que regula estas entidades con un régimen muy concreto, cuya aplicación no requiere desarrollo reglamentario por parte de los entes locales.
El president ha indicado que se conseguirá así "desatascar, en gran medida, muchas licencias de obras, de reformas y rehabilitaciones, fundamentales para relanzar la actividad económica", y ha señalado que la Generalitat hará todo lo que esté "en su mano" para facilitar una mayor rapidez en la tramitación de "proyectos económicamente rentables, socialmente favorables y que, evidentemente, cumplan con la normativa", todo ello "desde la corresponsabilidad entre los agentes públicos y los agentes privados".
Las entidades colaboradoras reguladas en el decreto que aprueba este viernes el Consell tendrán la función de verificar que las actuaciones urbanísticas se ajustan a la normativa técnica de edificación y, si previamente se obtiene cédula de garantía urbanística, que la actuación urbanística se ajusta a la legalidad urbanística y al planeamiento. De esta forma, se libera a los servicios técnicos municipales de la carga de trabajo que supone el desarrollo de esta fase del procedimiento.
En concreto, podrán intervenir tanto en el procedimiento de licencia de obras municipal como respecto a las actuaciones urbanísticas sujetas a declaración responsable y reguladas en el artículo 214 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.
Como mecanismos de cautela respecto a la actuación de estas entidades, el decreto establece un régimen estricto de habilitación para el ejercicio de la actividad y de incompatibilidades. Asimismo, con el fin de garantizar la calidad de los servicios prestados por estas entidades, la Dirección General de Urbanismo fijará un sistema de precios mínimos y máximo que podrán percibir en el desarrollo de su actividad.
Estas entidades realizarán el trabajo administrativo previo, por lo que la decisión final seguirá estando en manos de los ayuntamientos. Se trata de desburocratizar la Administración y agilizar los trámites para dar un impulso y contribuir a la reactivación económica.
Este nuevo instrumento administrativo permitirá, por tanto, agilizar y simplificar los procedimientos y, a la vez, garantizar la autonomía local, ya que el contenido de los certificados de las entidades colaboradoras no limita ni excluye las actuaciones municipales de verificación, comprobación o inspección, ni en lo que se refiere a las declaraciones responsables, ni a los procedimientos de licencia.