El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha mostrado hoy su satisfacción por la enmienda introducida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat 2017, que establece dos años de moratoria en cuanto a las expropiaciones rogadas, es decir no necesarias para la gestión del desarrollo sostenible de la ciudad.
En concreto, y como enmienda 151 (de adición), se modifica mediante una nueva disposición transitoria (undécima) la Ley de 5/2014/25/7 de la Generalitat, referida a ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana.
La nueva disposición recoge, literalmente, que “a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para advertir a la Administración competente para que presente el hoja de aprecio correspondiente y para que se dirija al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo establecido por el artículo 104.1 y 104.2 de la Ley 5/2015, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2018”.
Vilar ha insistido en que se había llegado a pervertir la finalidad de la expropiación, habiéndose convertido en “un nicho de mercado de suelo ciertamente obscuro”. Por ejemplo en el ejercicio 2016 para las necesidades de la gestión urbanística solo se han gastado 317.000.000 €, correspondientes a la apertura de la calle Hort de Sendra. Sin embargo el gasto total en expropiaciones ha sido de casi 41.500.000 €, motivados por sentencias y resoluciones del jurado.
Por otra parte, Ramón Vilar, ha señalado que al finalizar el año 2014, la deuda recogida en la rúbrica 413 relativa a expropiaciones rogadas alcanzaba los 16.800.000 €. Por el contrario, la deuda actual registrada en la citada rúbrica 413 sería de 2.415.500 €, lo que supone una sustancial mejora en la gestión de pagos.