La ciudad de València contará con una nueva ordenanza municipal que perseguirá y sancionará a los puteros. La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha confirmado, en una intervención previa al pleno de este mes de mayo, que existe un acuerdo del gobierno municipal para reafirmar València como ciudad abolicionista de la prostitución.
“Estamos muy contentos y satisfechos por poder reafirmar el compromiso de este gobierno como un gobierno abolicionista. Para los socialistas es fundamental, innegociable e irrenunciable que se confirmara esta posición abolicionista de la ciudad porque es una cuestión sobre derechos humanos, del derecho de las mujeres a no estar sometidas, amenazadas, coaccionadas o humilladas por parte del proxeneta”. Así, Gómez ha añadido que “el proxenetismo es otra forma de dominación y de esclavitud de la mujer, que se lucra económicamente de someter sexualmente a las mujeres y, por lo tanto, esa cuestión para nosotros es innegociable”.
En este sentido, ha resaltado que en el cuerpo de la moción se instará a todos los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso de los Diputados a que “cierren filas ante la esclavitud del siglo XXI, que es la prostitución”.
Esta iniciativa surge después de que la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, recomendara a todos los municipios adoptar el modelo de Ordenanza Municipal Abolicionista elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución que protege a las mujeres y multa con hasta 3.000 euros a quienes demanden sexo pagado, así como a los intermediadores y los locales donde se ejerza esta "forma de violencia de género".
Durante su intervención, Bravo defendió que los ayuntamientos tienen la suficiente competencia y capacidad para llevar a cabo este tipo de ordenanzas que “protegen la dignidad de todas las personas”, y puso como ejemplo dos municipios que han sido pioneros en su aprobación, como son Albal y Quart de Poblet.