Valencia suma 221 viviendas de alquiler asequible al parque público

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Un bloque de viviendas en Valencia
Un bloque de viviendas en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia suma la construcción de 221 viviendas públicas de alquiler asequible con la cesión de derechos de superficie. Se trata de la puesta en marcha de la constitución de los derechos de superficie, que da inicio a la quinta fase del Plan + Vivienda.

El Ayuntamiento de València ha recibido la propuesta de una empresa para la constitución de los derechos de superficie sobre cuatro parcelas de propiedad municipal en los barrios de Nou Moles y de Faitanar. La iniciativa permitirá la construcción de 221 viviendas de protección pública (VPP) en el marco del Plan + Vivienda, por lo que el personal técnico municipal va a proceder a comprobar que la oferta cumple con todos los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación (como la solvencia técnica y económica), para continuar con la tramitación de la adjudicación.

Si la empresa resulta adjudicataria, asumirá todos los gastos de la construcción de las 221 viviendas, y las gestionará directamente durante 65 años como viviendas de protección pública destinadas a alquiler asequible, con posibilidad de ampliarse por otros 10 años. 

La empresa concesionaria dispondrá de tres años para construir las 221 viviendas. Una vez construidas, la firma podrá gestionarlas, siempre como VPP, en régimen de alquiler asequible; y una vez transcurrido el plazo previsto, las viviendas pasarán a formar parte del parque público de Viviendas de Protección Pública de la ciudad. Se trata de cuatro parcelas situadas en el barrio de Nou Moles (l’Olivereta) y en la pedanía de Faitanar (Pobles del Sud), con una superficie total de 5.109 metros cuadrados, y 27.466 metros cuadrados de techo. El 57% de las viviendas se construirán en l’Olivereta y el 43% en Pobles del Sud.

La Junta de Gobierno Local inició, el pasado 6 de septiembre, el procedimiento para la constitución de derechos de superficie sobre las cuatro parcelas de propiedad municipal, y estableció un plazo de dos meses para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas.

Casi 1.000 VPP al final del mandato

La puesta en marcha de la constitución de los derechos de superficie da inicio a la quinta fase del Plan + Vivienda. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha manifestado que la política de vivienda “está en el centro de la gestión del gobierno municipal”. “Y por esa razón –ha subrayado- hemos decidido poner en marcha diferentes mecanismos que nos aseguren que, al final de este mandato, 955 viviendas se incorporarán al Parque Público de Viviendas de Protección Pública”. 

El edil ha destacado que, con este objetivo, “hemos desarrollado tanto medidas a corto plazo, como ha sido la adquisición de viviendas ya construidas, como medidas a medio plazo, como es la constitución de los derechos de superficie que permitirá la construcción de 221 VPP”. En estos momentos, ha continuado el concejal, el Ayuntamiento de València ya ha impulsado la construcción directa de 427 viviendas nueva de protección pública, tanto a través del servicio de Vivienda de la Delegación de Urbanismo y Vivienda (69) como a través de AUMSA y de la Sociedad Plan Cabanyal. 

El segundo pilar del Plan se ha materializado con la adquisición de 139 viviendas ya construidas en el barrio de Safranar (Patraix) y en la pedanía de La Torre. Por su parte, el tercer eje del Plan + Vivienda se ha realizado en virtud del convenio de colaboración con la Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), que supondrá la construcción de 82 viviendas nuevas, mediante la cesión de dos parcelas. Por último, ya se ha impulsado la permuta de vivienda de protección pública por suelo, que se traducirá en la adquisición de 86 nuevas viviendas de VPP que ya están en construcción y que estarán finalizadas en el segundo trimestre de 2026. 

A partir de este momento, con la puesta en marcha de la quinta fase del Plan + Vivienda con los derechos de superficie, y una vez se publique el acuerdo, se abre un plazo de 60 días naturales para que las empresas presenten las ofertas, en un contrato que tiene un valor estimado, durante los 75 años previstos, de 413 millones de euros. 

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