El Ayuntamiento de València, gobernado por Compromís y PSPV, está avanzando hacia la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), también conocida como la zona de restricción a los vehículos contaminantes, tal como obliga la Ley de Transición Ecológica para ciudades con más de 500.000 habitantes a partir de 2023. La junta de gobierno aprobó recientemente la adjudicación del contrato del Servicio de Ingeniería y Dirección Facultativa y de Consultoría para la instalación de la ZBE a la unión temporal de empresas formada por Applus Norcontrol y Gecival, con un presupuesto de medio millón de euros.
El sistema constará de 274 cámaras de lectura automática de matrículas, 52 sensores de medición ambiental, 44 paneles de información y una aplicación para monitorizar y controlar la calidad del aire, y será supervisado por la UTE Eysa Aluvisa-ZBE Valencia, que se adjudicó el contrato de suministro de las cámaras de vigilancia el año pasado por 10,8 millones de euros. Además, se llevará a cabo una campaña dirigida a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto y promover la adopción de alternativas de transporte sostenible.
La implantación de las ZBE en las 149 ciudades españolas que deben aplicarla en toda España ha enfrentado problemas jurídicos en ciudades como Barcelona que se adelantaron en su puesta en marcha. Para proporcionar un marco legal a partir del cual los ayuntamientos puedan aprobar sus propios reglamentos de aplicación de la ZBE, el Gobierno aprobó en diciembre de 2022 un real decreto que fija, entre otras cosas, el régimen sancionador y la obligación de desarrollar procesos participativos con la ciudadanía y sectores afectados para la implantación de las zonas, en aras de la seguridad jurídica.
En este sentido, el Ayuntamiento de València ya está llevando a cabo el proceso participativo y se espera que, una vez concluido, se empiece a redactar el reglamento de aplicación, que irá paralelo con la instalación de las cámaras. Sin embargo, la celebración de elecciones este mes de mayo ha generado incertidumbre sobre la medida, que debido a las repercusiones que tendrá para la población y las todavía deficientes alternativas de transporte público metropolitano, puede tener un elevado costo político para los gobernantes.
Cabe destacar que el Ayuntamiento de València licitó en julio del año pasado el contrato de asistencia y dirección facultativa de la ZBE por 652.000 euros, y que al contrato de consultoría y dirección facultativa para la implantación de la ZBE de València se presentaron tres propuestas. Además de la ganadora optaron al contrato Tekia Ingenieros y CPS Infraestructuras de Movilidad y Medio Ambiente. Esta última quedó excluida por presentar una oferta económica "anormalmente baja" según lo estipulado por la Ley de Contratos. La UTE Applus-Gecival ha recibido 87,6 puntos frente a los 77,5 de Tekia.