El Ayuntamiento de Valencia pagará los informes periciales para que las personas afectadas por la DANA y no aseguradas puedan acreditar los daños en sus viviendas, ya que se trata de un mecanismo prioritario para la justificación de los daños.
“Las viviendas que no están aseguradas, necesitan un peritaje para poder acreditar los daños que hayan padecido”, ha explicado la alcaldesa María José Catalá, y ha señalado que “las personas necesitan ayuda, y desde el Ayuntamiento de València hemos asumido ese peritaje”. Para ello, tal como se recoge en el acuerdo aprobado por el gobierno municipal, las delegaciones municipales y servicios competentes van a proceder a la contratación, por vía de emergencia, de los servicios de peritaje adecuados. El acuerdo también contempla “que se pueda contactar con colegios profesionales y otras entidades corporativas para recabar su asistencia y colaboración”.
La medida da respuesta a las disposiciones del Real Decreto Ley aprobado el pasado 5 de noviembre, relativo a “medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024”. Tal como se establece en dicha disposición legal, para acreditar la cuantía del daño en la vivienda y enseres de primera necesidad, en los casos en que no exista cobertura de un seguro, se admitirá un informe pericial contratado y validado por el Ayuntamiento “en el que conste la destrucción de la vivienda con una valoración de la misma, o los daños sufridos por esta o en los enseres de primera necesidad con una valoración de estos”.
Batería de medidas
Esta medida se suma a las iniciativas impulsadas por el gobierno municipal, a través de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local los pasados días 31 de octubre y 4 de noviembre, para agilizar las prestaciones de asistencia pericial a las personas afectadas. Se trata de medidas como la reactivación de la Oficina de Coordinación de Ayudas (que se creó a raíz del incendio de Campanar), y la habilitación de la dirección electrónica [email protected] para organizar las iniciativas de ayuda de empresas, entidades y particulares, así como la puesta en servicio de las oficinas de atención a los Pobles del Sud.
La Junta de Gobierno también impulsó horas después de producirse la riada una partida de un millón de euros para gastos de emergencia y la tramitación urgente de contratos de asistencia para atender la emergencia. Y, asimismo, se facultó a las concejalías de Servicios Sociales y Vivienda para facilitar a las personas afectadas acceso a las viviendas recientemente adquiridas por el consistorio en las inmediaciones de la pedanía de La Torre. En la misma línea, se ha autorizado a los empleados públicos que viven fuera de la ciudad, hayan resultado afectados por las inundaciones y no pueden teletrabajar, para que puedan colaborar con las corporaciones de sus municipios de residencia. Y también a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, para que puedan prestar asistencia jurídica y técnica a las corporaciones de los municipios afectados por la dana que lo requieran.
Finalmente, el gobierno municipal ha presentado ya su propuesta de Presupuestos Generales para 2025, que deberá ser ratificado por el Pleno, y que contempla las partidas necesarias para atender a las pedanías de La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-l’Olvieral afectadas por la dana. Tal como señalaba días atrás la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, “podrá modificarse cuantas veces sea preciso según las necesidades generadas por los efectos de la emergencia”.