El Ayuntamiento de Valencia destina más de 31 millones de euros para dar respuesta a los daños causados por la dana. El Pleno ha aprobado hoy una nueva modificación de créditos de más de 7,8 millones de euros. Este cambio en el presupuesto vigente se suma a otro aprobado con anterioridad para sufragar ayudas de emergencia social con 5 millones de euros.
Con este cambio presupuestario, aprobado con los votos del equipo de Gobierno y Compromís y la abstención del Grupo Municipal Socialista, el Ayuntamiento destinará más de 7,8 millones de euros (7.894.000,00) para ayudar a las personas afectadas en las pedanías del sur de la ciudad y para reconstruir las infraestructuras dañadas. Unos 4 millones de euros de ese montante se materializarán en ayudas directas, aprobadas hoy en la Junta de Gobierno Local y dirigidas al comercio, hostelería, autónomos y empresas cuya actividad económica se desarrolla en el barrio de Faitanar y las pedanías de La Torre, el Forn d'Alcedo, Castellar-l’Oliveral, Pinedo, El Saler, El Perellonet y El Palmar.
La modificación presupuestaria también permitirá destinar 3 millones de euros al Consell Agrari para la reparación de caminos y carreteras en las tres pedanías, y el cambio del convenio con el Gremio de Panaderos, que desde el primer día ha estado sirviendo pan a los municipios de la comarca de l’Horta y las pedanías afectadas por la dana donde se han perdido los hornos.
Esta modificación de créditos y otra aprobada a principios de noviembre de 5 millones de euros para sufragar ayudas de emergencia social suman casi 13 millones de euros del Presupuesto 2024 que el Ayuntamiento ha destinado para hacer frente a los efectos de la dana en València y que se completan con otras partidas como la de 8,5 millones (8.501.399,18 €) que se emplearán en los trabajos de limpieza y recuperación de L’Albufera, u otros 10 millones de euros reservados en el Presupuesto del 2025 para mitigar los daños causados por la dana.
La alcaldesa de València, María José Catalá, que ha intervenido en el debate previo a la votación, ha reiterado que “el Ayuntamiento está mostrando la máxima capacidad posible para ayudar a los afectados por la Dana en la ciudad de València”, y ha agradecido el trabajo de todos los grupos políticos porque “es el momento para que la gente nos unidos, trabajando y levantando la ciudad”.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja San Juan, que ha considerado “insuficiente” esta modificación de créditos, ha lamentado “la capacidad de reacción del Ayuntamiento, que busca excusas en lugar de soluciones”, y ha tildado de “complementarias” las ayudas destinadas “porque ha pasado un mes de la catástrofe y sigue haciendo falta ayuda y trabajo”.
Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, que ha cuestionado “qué va a pasar con quienes se han quedado sin vivienda o por qué no se ha incrementado el servicio para limpiar el fango de las calles”, ha reconocido “el trabajo hecho”, pero ha manifestado que “el gobierno local tiene que activar, entre otras medidas, un contrato de emergencia para reforzar la EMT”.
En representación del ejecutivo, en primer lugar ha hablado la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, quien ha destacado que “el presupuesto municipal está y estará vivo para atender todas las necesidades de la dana” y ha defendido “la capacidad de reacción de la corporación”; mientras que la alcaldesa, que ha detallado las acciones e intervenciones desarrolladas y previstas, ha solicitado que “no se haga política de la tragedia” y ha instado a “la unión para volver a levantar la ciudad”
El Pleno también ha aprobado una modificación transitoria de la regulación de las zonas de carga y descarga como consecuencia de la dana, para autorizar el uso de las zonas de carga y descarga con vehículos particulares a los autónomos que hayan perdido las furgonetas de transporte.
Con este acuerdo, aprobado por unanimidad, el Ayuntamiento pretende garantizar la continuidad de las actividades económicas de las empresas dañadas y el suministro de productos a los comercios y a la población en general. La medida tiene un carácter temporal de tres meses y podrá ser prorrogada en caso de que sea necesario.