El Ayuntamiento de València ha anunciado un nuevo paso en su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales en la ciudad. La alcaldesa María José Catalá ha informado que las empresas suministradoras de servicios como luz o agua recibirán órdenes para cortárselos a aquellos apartamentos que no cuenten con la legalidad requerida. Este anuncio se realizó durante el Debate sobre el estado de la ciudad, celebrado esta semana.
Además de los cortes de suministro, la administración local también solicitará al gobierno de la Generalitat la competencia para sancionar a los propietarios de estos apartamentos ilegales, con multas que podrían alcanzar hasta los 600.000 euros. Catalá enfatizó la importancia de estas medidas para frenar la proliferación de alojamientos turísticos no regulados que, según ella, han causado un impacto negativo en la ciudad y sus residentes. "La actividad irregular es el verdadero problema. Quien no cumpla en esta ciudad, lo pagará caro", declaró.
La primera edil subrayó que la lucha contra la ilegalidad en el sector turístico es una prioridad para su gobierno. Destacó que el turismo representa un pilar esencial en la economía de València, aportando el 15 % del PIB, pero también advirtió que "esta ciudad no puede morir de éxito", sugiriendo que es necesario un equilibrio entre la atracción turística y la calidad de vida de los vecinos.
Acciones concretas
El discurso de Catalá no solo sirvió para anunciar nuevas acciones, sino también para hacer un balance crítico sobre las gestiones de gobiernos anteriores. Afirmó que el 75% de los apartamentos turísticos se registraron durante las legislaturas previas, en las que gobernaban Compromís y PSPV. Además, criticó la modificación de la normativa urbanística de 2018, que permitió la existencia de apartamentos turísticos en bajos comerciales, lo cual calificó como un “auténtico error”.
Desde que asumió el cargo, Catalá ha liderado varias iniciativas para frenar el crecimiento descontrolado del sector. Entre ellas, mencionó la creación de cuatro equipos de inspectores dedicados exclusivamente a esta tarea, lo que ha aumentado en un 454% las inspecciones de apartamentos turísticos en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023. También subrayó la moratoria aprobada para evitar nuevas licencias en prácticamente toda la zona de Ciutat Vella, una de las más afectadas por la presión turística.
Respaldo del Consell
El anuncio de la alcaldesa de València coincide con la reciente convalidación del Decreto-ley 9/2024 por parte del Consell, una normativa que también busca regular las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, destacó que este nuevo marco legal tiene como principal objetivo encontrar un equilibrio entre la convivencia vecinal y la actividad turística.
Montes subrayó que el Decreto-ley cuenta con el respaldo de las asociaciones del sector, sindicatos y entidades de consumidores, quienes participaron activamente en su redacción. Este enfoque participativo, según la consellera, garantiza que la norma sea efectiva y ampliamente aceptada. El nuevo texto legal refuerza la seguridad jurídica en la gestión de estas viviendas, al tiempo que impone requisitos más estrictos para su registro y operación, como la necesidad de actualizar las declaraciones de las propiedades cada cinco años, y un control más riguroso sobre los alquileres de corta duración, que son los más comunes en este tipo de alojamiento.
Colaboración municipal
Una de las principales novedades del Decreto-ley es que otorga a los ayuntamientos la capacidad de asumir competencias sancionadoras en relación con las infracciones cometidas por las viviendas de uso turístico. Esto permitirá una actuación más directa y eficaz de las administraciones locales, como ya se plantea en València con las nuevas políticas anunciadas por Catalá. Además, el decreto establece que, en caso de venta o transmisión de una vivienda con licencia de uso turístico, el nuevo propietario deberá gestionar una nueva declaración responsable para continuar con la actividad.
Tanto la alcaldesa de València como la consellera de Turismo coinciden en la necesidad de impulsar un turismo de calidad, que no solo atraiga visitantes, sino que también respete y cuide a la ciudad y a sus habitantes. En palabras de Catalá, se trata de poner "al vecino primero y en el centro de todas las decisiones". Montes, por su parte, defendió que el objetivo de las nuevas normativas es garantizar que el turismo siga siendo uno de los motores económicos de la región, representando el 16% del PIB, pero de una manera que sea sostenible y que no genere efectos adversos como la especulación inmobiliaria o la degradación del entorno urbano.
Con estas nuevas normativas y medidas, València y la Comunitat Valenciana parecen estar avanzando hacia un modelo de turismo más regulado y sostenible, con un enfoque en proteger tanto a los residentes como al tejido económico que depende de esta actividad. La lucha contra la ilegalidad en el sector de los apartamentos turísticos se intensifica, y tanto el Ayuntamiento como el Consell están decididos a establecer un marco claro y riguroso para asegurar que València siga siendo un destino turístico de referencia a nivel global.