La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha hecho balance del Programa de Medidas Judiciales que desarrolla el Ayuntamiento de València, con un presupuesto de 388.060 euros anuales, que ha atendido a 423 menores el pasado año.
De los 423 menores que han pasado por el programa, el 81,1 % son varones y el 18,9 %, mujeres. Las medidas más habituales impuestas por los juzgados son: la libertad vigilada (bien como intervención única o después de un período de internamiento en régimen cerrado), las tareas socioeducativas, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la asistencia a centro de día y el tratamiento ambulatorio. Todas ellas son atendidas por un equipo municipal formado por profesionales del campo de la psicología, la psicopedagogía, el trabajo y la educación social y la abogacía, que aportan un enfoque interdisciplinario. El objetivo es la promoción personal de los y las menores atendidos, adaptándose a la singularidad de ellos mismos y sus familias.
Los recursos movilizados incluyen actividades prelaborales; formación profesional; intervenciones para la mejora de la competencia social; asistencia a ciclos formativos de grado medio o superior; acceso, adhesión o consecución del graduado de enseñanza secundaria obligatoria; preparación para la obtención del graduado escolar; búsqueda activa de empleo, e intervención psicológica y relacional. Todo esto se hace siempre con un trabajo de motivación y acompañamiento personal.
Menos del 10% de reincidencia
Con ello se favorece el proceso de maduración, la autonomía personal y social, la adquisición de conductas más adaptativas, el conocimiento básico de diversos oficios, la adquisición de hábitos ocupacionales y la compensación de déficits formativos. “Con este programa, que tiene un porcentaje inferior al 10 % en reincidencia, hacemos un trabajo realmente valioso para la vida de estos jóvenes y les facilitamos que tengan un proyecto de vida para el futuro”, ha explicado la concejala Isabel Lozano.
Isabel Lozano ha destacado que “en la intervención profesional, se analizan no solo los factores de riesgo a las familias, sino también los de protección, que disminuyen o neutralizan las predicciones negativas y potencian la resiliencia, poniendo el acento en la reinserción social; además, la adolescencia se enfoca en positivo, como un tiempo para el aprendizaje y el crecimiento personal”. Por estos motivos, ha explicado Lozano, “tenemos una baja reincidencia en la comisión de delitos después de la intervención profesional, inferior al 10 %, así como un bajo número de incumplimientos de las medidas impuestas, situado por debajo del 20 %”.
El contexto de obligatoriedad en el que trabaja el equipo de medidas judiciales municipal no menoscaba la importancia de factores como la comprensión, la comunicación y la reparación, fomentando un trabajo colaborativo en el que jóvenes y adolescentes se sienten partícipes del proceso. Se trata de favorecer, en último término, la mentalización, la reflexión y la valoración del otro.