El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y el voto en contra de la oposición la modificación del reglamento del plenario municipal. El alcalde de València, Joan Ribó, quien ha defendido la modificación del reglamento, ha explicado que “la propuesta es bastante más amplia que la del resto de las grandes ciudades del Estado, garantiza, sobradamente, los derechos de información y transparencia y mejorará sin duda el funcionamiento normal de los servicios”.
Ribó ha repasado el reglamento de los hemiciclos municipales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Alicante y Castellón de la Plana y ha añadido que “con la excepción de València, las seis ciudades más grandes del Estado fijan un límite a las iniciativas de control”.
El alcalde ha asegurado que el número de preguntas elevadas al Pleno por la oposición está “logrando niveles elevados” y obliga a dedicar un gran número de funcionarios a su tramitación. Así, ha afirmado que en junio de 2021 se elevaron 329 preguntas al Pleno mientras que en octubre del mismo año fueron 405.
Igualmente, el alcalde ha repasado la jurisprudencia de los tribunales y las recomendaciones del Síndic de Greuges y ha afirmado que “tanto los reglamentos como las ordenanzas son elementos vivos y que hay que adaptar conforme se incorporan nuevos hechos y realidades y, en ese sentido, la revisión periódica de los textos que regulan la vida política y administrativa de las instituciones es un hecho que hay que acometer con normalidad”. En el mismo sentido, considera que “se ha producido la necesidad de interpretar así como de aclarar varias situaciones referentes a indemnizaciones y aspectos relacionados con la seguridad social de los miembros de la Corporación”.
El alcalde se ha preguntado en voz alta si “de verdad alguien cree que estamos restringiendo los derechos de la oposición” porque, “si aquí estamos restringiendo, qué es lo que hacen en el resto de España”.
Por su parte, los grupos municipales de la oposición, que han votado en contra de la iniciativa, han mostrado su rechazo a la propuesta del equipo de gobierno.
Así, la concejala María José Ferrer San Segundo, del Partido Popular, considera que el equipo de gobierno “habla de participación y transparencia pero actúa en sentido contrario”. Ferrer cree que “el argumento del alcalde de que también se hace en otras ciudades es una completa falsedad” y valora que “en los gobiernos democráticos se habla con la oposición”. Ferrer concluye que el gobierno municipal tiene “mala fe” en la reforma del reglamento del plenario.
Por su parte, Rafael Pardo, del grupo municipal Ciudadanos, ha solicitado al alcalde que “recapacite sobre el derecho de fiscalización que tienen los concejales de la oposición” y que “a pesar de admitir que pudiera establecerse cierto límite, no se llegue a restringir de manera tan desproporcionada”. Pardo también recuerda que “sobre esta cuestión todavía no se han pronunciado el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional” y, por lo tanto, “no hay jurisprudencia sobre la limitación del derecho a la participación de los grupos de la oposición”.
Vicente Montañez, del grupo Vox, cree que “aunque el gobierno hable de transparencia le produce erupciones” puesto que practica acciones “más propias del señor Maduro”. El concejal de Vox cree que “el gobierno de Ribó ya nos tiene acostumbrados a su incapacidad para el diálogo y su sectarismo ideológico”. Para Montañez, “limitar la capacidad de la oposición a la hora de preguntar es el estoque de muerte a la libertad”.
Con la propuesta aprobada, cada concejal o concejala podrá formular cinco preguntas por Pleno, tres mociones por grupo municipal y una en el caso de los concejales no adscritos, dos ruegos por grupo y solo uno en el caso de los concejales no adscritos y una interpelación o petición de comparecencia por grupo político.
Modificación de créditos
La Corporación también ha aprobado hoy, con los votos a favor del equipo de gobierno, el voto en contra de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos, una modificación de créditos del presupuesto de 2022 por la incorporación de los remanentes del presupuesto de 2021 por un importe total de 69.590.067’22 euros. 23.760.222 euros del superávit se destinarán a la amortización anticipada de préstamos. También se reservarán 1.392.285 euros a habilitar los recursos necesarios para la acogida de los refugiados ucranianos acogidos en la ciudad como consecuencia de la guerra. La partida incluirá alojamiento, manutención, atención psicosocial y asistencia jurídica de los refugiados recién llegados.
El remanente incorporado también permitirá inyectar 11 millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para paliar tanto el alza del precio del carburante como la caída del número de viajeros a causa de la pandemia.
Igualmente se destinarán 22’8 millones de euros a la expropiación de terrenos para el incremento de las dotaciones públicas, entre ellas la urbanización del final de la avenida de Blasco Ibáñez, la ampliación del parque de la Rambleta y la adecuación de una zona verde en la calle de Ramón Perelló.
Por último, se reserva una partida de cinco millones de euros para la adquisición del Palacio de Montortal, que se destinaría a la ampliación del Archivo Histórico Municipal, así como otras posibles adquisiciones, como por ejemplo la antigua Delegación de Hacienda de la calle de Guillem de Castro.
El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha explicado que “el presupuesto es una cuestión de prioridades puesto que este ayuntamiento podría haber dedicado 170 millones de euros a la Copa América de vela, pero hay cosas más rentables y más urgentes en esta ciudad”. Así, Sanjuán ha subrayado que “València ha optado por no repetir proyectos que ya habían fracasado en esta ciudad”. El concejal de Hacienda se ha mostrado satisfecho y ha asegurado que ”el Tribunal de Cuentas ha hecho un informe donde destaca que València es el ayuntamiento que más presupuesto ejecuta y dobla la inversión de ayuntamientos como Madrid”. El concejal se ha preguntado “en qué beneficia a una familia de renta alta la rebaja del 20% del IVA y si no será mejor recaudar impuestos para ayudar a quién más lo necesita”.
Por parte del Partido Popular, María José Català, afirma que el gobierno municipal “se ha dejado por ejecutar el 68% de las inversiones de 2021 y tiene una incapacidad manifiesta para ejecutar el presupuesto”. Català cree que “esta ciudad va la deriva, incapaz de atraer un acontecimiento como la Copa América“ y se ha preguntado “por qué lo que es bueno para Barcelona no es bueno para València”.
Fernando Giner, del grupo municipal de Ciudadanos, recuerda que “la modificación de créditos aprobada no tiene el apoyo del interventor”. Para el concejal, “a este ayuntamiento se le acumulan las cifras de inversiones y es incapaz de ejecutarlas” y se ha preguntado en voz alta “como será capaz de ejecutar este año 273 millones de euros de inversión”. Giner ha pedido también “por qué no se acomete una bajada de impuestos puesto que el dinero estaría mejor en el bolsillo de los ciudadanos”.
Por último, Vicente Montañez, del grupo Vox, opina que “el equipo de gobierno no tiene un problema de no saber hacer presupuestos sino de tener una imagen que no tiene nada que ver con la realidad y, además, no ejecuta prácticamente nada”. Para el concejal, “solo practican ideología, adoctrinamiento, chiringuitos y política de amiguetes”.