Antes de abril de 2025, todos los municipios (incluidos los de menos de 5.000 habitantes) tienen que aplicar la nueva tasa de gestión de residuos en cumplimiento de una directiva europea encaminada a la reducción de la contaminación. Una tasa, popularmente conocida como el ‘tasazo de la basura’ o el ‘basurazo de Sánchez’, que no solo obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste íntegro del servicio de recogida de residuos a la ciudadanía, sino que, además, “restringe el importe de las reducciones y bonificaciones fiscales para no incurrir la tasa en la infracción de ser deficitaria”, explica la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer San Segundo.
Un varapalo para el municipalismo que queda atado de pies y manos para asumir el coste de la recogida de residuos y se ve obligado, por la ley 7/2022 de Economía Circular, a subir la tasa de la basura – la TAMER en el caso de la EMTRE – repercutiendo directamente en la ciudadanía. En concreto, en la ciudad de Valencia, esta nueva tasa costará a más de la mitad de los valencianos un total de 39,14 €, que se irá incrementando proporcionalmente cuanta más agua se consuma en la vivienda.
Y es que las cuotas han sido determinadas teniendo en cuenta el consumo de agua, medido en un tiempo definido de 12 meses, de la vivienda. En el caso de actividades económicas, modulando tanto por el consumo como por el Grupo de Actividades del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenece. Así, se prevé un total de 459.222 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades. En el caso de las viviendas, se estima que para la mitad (201.843 de las 408.396) la cuota resultante será de 39,14 €/año, equivalente a 0,11 euros diarios o 3,3 euros mensuales.
En este sentido, la titular del área de Hacienda ha puesto como ejemplo que “a partir de 2025, no podríamos, como hicimos hace un año, asumir con cargo al presupuesto municipal los 6 millones de euros que correspondían a Valencia de aportación a la EMTRE para que se repercutiera ese importe en los vecinos; sino que, hoy por imposición legal y en contra de nuestro deseo, tendríamos que repercutirlo al ciudadano con un incremento de la tasa”. La configuración legal de la nueva tasa como “no deficitaria” también supone restringir la concesión e importe de las reducciones y bonificaciones que los ayuntamientos pueden aplicar para reducir las tarifas. Por tanto, “el Gobierno de Pedro Sánchez nos obliga a repercutir a los valencianos 47,6 millones de euros del coste de la recogida y transporte de residuos”, ha concluido María José Ferrer San Segundo.
A este respecto, el concejal delegado del Ciclo Integral del Agua y vicepresidente de la citada entidad, Carlos Mundina, ha recordado que “la nueva normativa, que desarrolla una directiva europea, obliga que la tasa financie por completo el servicio, y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".
Carlos Mundina ha reiterado que “la EMTRE, que en anteriores ejercicios ha asumido parte del servicio, ahora está obligada a aumentar la citada tasa para que financie completamente el coste del servicio”.
“La entidad metropolitana espera ingresar cerca de 72 millones de euros con esta tasa, pero así sólo cubre el 70% del coste real del servicio, que asciende a los 103 millones de euros aproximadamente. El año pasado se decidió que cada Ayuntamiento aportara esa diferencia que la Tamer no cubría, pero la normativa estatal obliga ahora a hacer este cambio y que la tasa financie por completo el servicio”, ha explicado.
Los beneficios fiscales que aplicará Valencia
Con el objetivo de reducir el impacto que provocará el ‘basurazo’, el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una ordenanza que contempla los siguientes beneficios fiscales:
• Reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual (con concesión automática cuando se disponga de bonificación en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios), beneficiando con ello a más de 4.000 familias.
• Reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos recursos (según la ley que estén “en riesgo de exclusión social”: unidad familiar cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas), favoreciendo a 6.200 familias, sin perjuicio de otras coberturas y ayudas de los Servicios Sociales para situaciones de vulnerabilidad.
Estas bonificaciones se sumarán a otras que ya contempla la ley:
• Bonificación de 10 € a usuarios que utilicen ecoparques.
• Bonificación de 50 € a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón “puerta a puerta”.
• Bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales).
• No sujeción de actividades que tengan contratado gestor de residuos autorizado para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es.
Se mantienen las rebajas fiscales de 2024
Asimismo, el Ayuntamiento de Valencia mantiene, para 2025, todas las rebajas fiscales que aprobó en 2024. De este modo, se consolidan medidas como la reducción del 20% en el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana que ya ha supuesto para 700.000 valencianos un ahorro de más de 33 millones de euros; la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a 4.000 familias numerosas que han ahorrado más de un millón de euros; o la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos.
Por otro lado, ante la reactivación del mercado inmobiliario, el tipo de gravamen del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) se armoniza con los de la mayor parte de las grandes ciudades, quedando fijado en el 4%.
Finalmente, se introduce una bonificación del 95% a todas las comunidades de vecinos que acometan la sustitución de fachadas ventiladas realizadas con aluminio y composite o procedan a la adaptación al Código Técnico de la Edificación (Documento Básico de Seguridad contra Incendios, SI 2 Propagación Exterior, versión 22 de diciembre de 2022).
También se introducen medidas que persiguen generar mayor seguridad jurídica al contribuyente y reducir las trabas burocráticas, como que los beneficios fiscales se mantendrán en tanto no se modifiquen las circunstancias y requisitos exigidos para ello, evitando tener que solicitarlo cada año.