València ya ha acogido a las dos primeras personas que se han adherido al Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento «para ofrecer temporalmente un entorno seguro a personas que, por su trabajo en defensa de la libertad, sufren amenazas de muerte», tal como ha recordado hoy el alcalde de València, Joan Ribó, al recibir la visita de dos miembros de diferentes entidades colombianas que, con el apoyo de organizaciones valencianas, continuarán y visibilizarán su tarea reivindicativa para garantizar la igualdad y las libertades en su país.
El alcalde de València, Joan Ribó, ha recibido a estas personas acompañado de la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Maite Ibáñez, y después de interesarse por su situación, les ha manifestado «que el Ayuntamiento trabaja para defender los derechos de todas las personas». «Defendemos los derechos y las libertades, y especialmente el derecho en la vida. Por eso, rechazamos cualquier vulneración de los derechos humanos, como les ocurre a miles de personas en Colombia, tal y como nos explican las dos personas integrantes de esta primera experiencia de acogida internacional que se hace en València. Por supuesto, es imprescindible que los derechos humanos brillen en ese y en cualquier país del mundo, y por eso velaremos también desde aquí», ha afirmado.
Por su parte, la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Maite Ibáñez, ha explicado que el Programa Valenciano de Protección Integral y de Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos «es una respuesta a la situación actual que se refleja con informes que cifran en más de 300 personas las que han sido asesinadas por su defensa de los derechos humanos». Desde el Ayuntamiento hemos comenzado este programa para dar un espacio de protección que incluye el acompañamiento para la recuperación pisco-social de estas personas y crear agendas para difundir y visibilizar la lucha por los derechos humanos en el mundo».
Primeramente, el alcalde Joan Ribó y la concejala han escuchado el testimonio de una de estas personas: un líder social local, representante de la Asociación Nacional de Desplazados Colombianos (ANDESCOL) y la Asociación de Mujeres de Victoria de San Isidro (ASUMAVIC), dos entidades que sufren las amenazas de los grupos paramilitares y grandes propietarios de la zona que no respetan los territorios colectivos protegidos por la propia Constitución de su país. Seguidamente, también ha expresado su solidaridad ante la historia de la segunda persona acogida: una mujer representando de lo Asociacion de Víctimas del Confilcto Armado Encaminadas hacia Paz (ASOMUVICOPAZ).
«UN RESPIRO EN MEDIO DEL TERROR»
En el encuentro, las dos personas se han hecho eco de su pesar por el hecho de trabajar «para suavizar la gravedad de la situación que viven las comunidades indígenas en Colombia y para visibilizarlo internacionalmente con propuestas como la Caravana por la Vida realizada el año pasado en la región del Bajo Atrato del departamento colombiano del Chocó para documentar y dar a conocer la crisis humanitaria que allí se vive». Así mismo han agradecido la oportunidad que el Ayuntamiento de València les ha dado «para poder respirar después de vivir el terror de los asesinatos de los líderes sociales que luchan para defender los derechos humanos y defienden el diálogo frente a la autoridad que no quiere la paz».El programa de acogida del Ayuntamiento de València prioriza personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgo en sus países de origen, justamente por su tarea en defensa de los derechos básicos de las personas, y en especial por la defensa de los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, mujeres y personas LGTBI, así como las poblaciones más desfavorecidas, principalmente de América Latina.
Durante su estancia en el estado español, concretamente en la ciudad de València, se prevé la acogida inicial, el acompañamiento psicosocial, la formación y la realización de la agenda política y sensibilización con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, así como la creación de redes de solidaridad nacionales e internacionales para fortalecer su lucha por la defensa de los derechos humanos y el seguimiento en su entorno.