La turistificación y la vivienda vuelven a encender las protestas vecinales

El movimiento ‘València no està en venda’ ha convocado una manifestación el próximo 19 de octubre en las Torres de Serrano

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Diversos bloques de viviendas en el centro de València. Imagen: Xisco Navarro
Diversos bloques de viviendas en el centro de València. Imagen: Xisco Navarro

‘València s’ofega’. Bajo este lema que rememora la riada que inundó la ciudad el 14 de octubre de 1957, el movimiento ‘València no està en venda’ saldrá a la calle el próximo 19 de octubre para reivindicar el derecho a la vivienda, defender el territorio y manifestarse contra la turistificación. Diversos colectivos y asociaciones de la ciudad se han unido para mostrar su preocupación ante el rumbo que está tomando la capital del Turia: “la pérdida de la identidad propia y cultural que nos une como pueblo; la devastación del territorio en favor de la construcción y edificación desmesurada; la desaparición del comercio tradicional; y la subida de precios generalizada son, tan solo, la punta del iceberg de la problemática que afecta a la ciudad de Valencia y desplaza forzosamente a los vecinos y vecinas”, han señalado en un comunicado.

Por este motivo, esta manifestación que se ha convocado a las 18:00 horas en las Torres de Serrano pretende alzar la voz ante las instituciones para exigirles “una regulación efectiva del alquiler y de la compraventa de vivienda; un parque de vivienda digno y sin caducidad mediante el aprovechamiento de los inmuebles existentes; la prohibición de los apartamentos turísticos; el cese de la entrada de cruceros; y una normativa que regule la distribución de alojamientos destinados al turismo”.

Asimismo, desde el movimiento ‘València no està en venda’ también quieren reclamar, con la manifestación del próximo 19 de octubre, que cese los desahucios sin alternativa habitacional; así como la protección de los espacios naturales, la paralización de la ampliación del puerto de Valencia y del aeropuerto. 

Una convocatoria que se prevé multitudinaria, ya que participarán las siguientes asociaciones y colectivos: Acció Cultural del País Valencià, Assemblea Feminista, Associació Inquilins Vivenda Pública, Ca Revolta, Cabanyal Horta, Comissió Ciutat Port, CSN, Cuidem La Raïosa, El Bac, EntreBarris (Assemblea de Barri de l’Olivereta, Cuidem Benimaclet, CSOA L’Horta, La Saïdia Comuna y Veïnat en Perill d’Extinció), Independent, Informació Obrera, Joves d’Acció Cultural, Joves de Russafa, Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, La Mataobras, Maricuir, Mi pisito imposible, PAH València, Per L’Horta, Plataforma per Russafa, Sindicat d’Habitatge y Teixint Patraix.

Vecinos de La Saïdia protestan frente a las Torres de Serranos contra la turistificación
Vecinos de La Saïdia protestan frente a las Torres de Serranos contra la turistificación

La solución del gobierno de Catalá

Son muchas las entidades que llevan meses denunciando la situación insostenible que se está viviendo en la gran mayoría de los barrios de la ciudad: un crecimiento exponencial de apartamentos turísticos que no solo han encarecido el precio de la vivienda expulsando a los vecinos; sino que han creado problemas de convivencia. Ante este escenario, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el debate sobre el estado de la ciudad, anunció medidas que se ejecutarán a partir de 2025.

Respecto al tema de la vivienda, que la primera edil calificó de “la mayor crisis social de la última década”, Catalá detalló las actuaciones que se están ejecutando para ampliar el parque público de vivienda de Valencia. En este punto, cabe destacar la inversión de 11,4 millones de euros en la reurbanización de los grupos de viviendas Virgen de los Desamparados, en Tres Forques, y en el barrio de Tendetes, en el distrito de Campanar; o la destinación de cuatro parcelas de propiedad municipal ubicadas en Nou Moles y Faitanar para la creación de 221 viviendas públicas. 

Asimismo, la alcaldesa de Valencia ha anunciado la puesta en marcha de una nueva bolsa de suelo en Benimàmet con una edificabilidad de 461.266 m² de techo, que dará paso a la construcción de más de 4.600 viviendas, de las que 1.000 serán de protección pública. Además, ha anunciado que, en 2027, se construirán en Valencia hasta 13.900 viviendas de las que 2.800 serán de vivienda pública. 

Todas estas actuaciones enmarcadas dentro del programa Plan + Vivienda, “el más ambicioso de la última década”. Así, señaló que “en tan solo un año, ya se ha superado todo lo que se hizo en la última etapa. En un año hemos invertido más de 22,28 millones de euros en la adquisición de 139 Viviendas de Protección Públicas destinadas a alquiler asequible en los barrios de Safranar y La Torre; hemos adjudicado 39 viviendas de alquiler asequible en un año frente a las 31 viviendas que se adjudicaron en los últimos 8 años; y hemos realizado una permuta con la que hemos conseguido un edificio de 86 viviendas públicas en el barrio de la Fuente de San Luis. Una operación, que nos permitirá sumar 400 viviendas públicas de promoción privada”.

Además, Catalá hizo hincapié en el desbloqueo de los PAI de Benimaclet y del Grau, que permitirán la construcción de 4.748 viviendas nuevas, de las que 853 serán de protección pública. 

La alcaldesa de València, María José Catalá. Foto de Jorge Gil
La alcaldesa de València, María José Catalá. Foto de Jorge Gil

Respecto al turismo, la alcaldesa de la ciudad defendió que se trata de un sector fundamental que aporta el 15 % al PIB, “pero Valencia no puede morir de éxito”. De esta manera, ha puesto en valor tanto la moratoria de apartamentos turísticos aprobada para ordenar el sector y dar seguridad jurídica, como la prohibición total de nuevas viviendas turísticas en prácticamente todo el distrito de Ciutat Vella.  

En cuanto a la actividad irregular, “el gobierno municipal ha creado cuatro equipos de inspectores, incrementándose las inspecciones en un 454 %”, ha remarcado Catalá. En este sentido, la primera edil avanzaba que no solo se cortará la luz, el agua y otros suministros a los pisos turísticos ilegales, sino que solicitarán al Consell las competencias para sancionar a los pisos turísticos ilegales, que podrán enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros.

Finalmente, en relación a la llegada de cruceros, Valencia buscará un equilibrio y se priorizará los buques que hagan noche en la ciudad, ya que generan un mayor impacto económico. Para ello, se pondrá en marcha un Grupo Permanente de Trabajo de Cruceros entre el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y el sector para ordenar el tráfico de cruceros. El objetivo, ha concluido la alcaldesa, “es diseñar una estrategia de turismo sostenible social y medioambiental”. 

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