Familiares de las víctimas, representantes sindicales y de la comunidad portuaria celebrarán este domingo un acto de homenaje por el 25 aniversario del accidente registrado el 3 de julio de 1997 en el buque 'Proof Spirit', en el que fallecieron 18 trabajadores y otros diez resultaron heridos.
El barco estaba en construcción en los astilleros de la antigua Unión Naval de Levante (UNL), en el Puerto de València. En el momento del accidente, se estaban realizando trabajos de soldadura cuando se produjo una fuga de gasóleo durante la operación de carga de combustible.
Los trabajadores quedaron atrapados en una de las cámaras de popa, concretamente en la sala de máquinas, una "caja comprimida" de 20 por 40 metros donde se situaban el motor principal del barco, los generadores y parte del sistema eléctrico de la embarcación.
Las tareas de rescate de las víctimas se complicaron especialmente por una acumulación de humo en la sala de máquinas que impedía a los bomberos permanecer mucho tiempo en ella. De los 18 fallecidos, siete eran trabajadores de la Unión Naval de Levante y el resto subcontratados de otras empresas con domicilio social en Gijón (Insertank), Bilbao y Madrid (Alfalavar). En su mayoría eran trabajadores veteranos, con una media de edad en torno a los 45 años.
El acto de homenaje tendrá lugar a las 11.30 horas frente a la estación marítima, a la misma hora del mismo día y mes en el que 25 años atrás ocurrió el que es el mayor accidente laboral del sector naval en la Comunitat Valenciana hasta la fecha, han indicado en un comunicado desde CCOO-PV.
El 'Proof Spirit' había sido botado el 10 de abril de 1997 y se hallaba en su segunda fase de construcción para realizar trabajos en los compartimientos y proceder a su habilitación definitiva. Había sido encargado por la firma noruega Jo-Tankers, su destino era la carga de granel líquido, concretamente whiski, y estaba previsto entregarlo a mediados de agosto.
Por el accidente fueron juzgados y condenados en sentencia de conformidad el encargado de la sala de máquinas, su ayudante y el jefe de seguridad, a penas que oscilaron entre los 18 meses y los dos años de prisión. En el fallo se aplicó la atenuante de reparación del daño, ya que las víctimas y sus familiares habían cobrado ya las indemnizaciones.