El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de suspender cautelarmente la resolución de marzo de 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de Valencia pudiera decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la ampliación norte del Puerto de la ciudad "da la razón a los que argumentamos que la APV no puede ser juez y parte para evaluar" el impacto de la ampliación norte.
Así lo ha indicado en un mensaje en sus redes sociales donde ha hecho referencia a la decisión del alto tribunal de Madrid, que a pesar de ser cautelar, según ha subrayado, da la razón a planteamientos como los que sostienen él mismo y su partido, Compromís.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) dio luz verde el pasado viernes al Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de València, dotado de una inversión público-privado de cerca de 1.564 millones de euros, con los votos en contra de Ribó y el secretario autonómico de Vicepresidencia de la Generalitat, Iván Castañón, ambos de Compromís.
La aprobación salió adelante en una sesión extraordinaria de ese órgano tras recibir el Informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina del Ministerio para la Transición Ecológica, favorable al proyecto aunque con 21 condiciones.
Ahora, tras la decisión del TSJ de Madrid, Ribó ha recalcado que ya lo advirtieron en su día y mantendrán "el rechazo a un proyecto que no tiene garantías ambientales ni jurídicas" y "no beneficia a la ciudad", según ha añadido en declaraciones posteriores facilitadas por el consistorio
En esta línea, ha insistido en que se trata de "una situación estratégica para la ciudad y no se ha abordado de la manera adecuada". Por ello, ha justificado que votó en contra en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria del pasado viernes. Según Ribó, "es evidente que no se ha hecho todo lo necesario en este caso, ni en términos jurídicos, ni en cuanto al desarrollo de las actuaciones de mejora que estaban previstas, ni en la actualización de los estudios y previsiones sobre las implicaciones del proyecto".
A su juicio, "esto genera una incertidumbre jurídica que ya podemos comprobar con esta decisión cautelar. Ser juez y parte en cuanto a la gestión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no es en absoluto normal porque, generalmente, quien hace el proyecto no elabora la declaración".
CASO DE LA ZAL
Ribó ha recordado que en València "tenemos experiencia en situaciones similares de incertidumbre jurídica, como en el caso de la Zona de Actuaciones Logísticas (ZAL), que llevamos arrastrando ya 25 años". En esta línea, ha incidido en que "también es muy grave que no se haya hecho nada respecto a las previsiones de mejoras en zonas de costa que estaban establecidas en la anterior DIA".
"Las medidas recogidas ahora hace 15 años no se han llevado a cabo ni por Costas ni por la Autoridad Portuaria, ni en l'Arbre del Gos, ni en el Saler, ni en Pinedo, ni en otros puntos contemplados en aquella DIA", ha recalcado Ribó, quien ha insistido en que València "considera muy importante el parque natural de la Albufera y su litoral desde cualquier perspectiva y mientras no se haga todo lo que hay que hacer en cuanto a las garantías medioambientales y jurídicas, mantendremos nuestro rechazo a ese proyecto".