Nuevo revés judicial para la autoridad portuaria de València. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado manteniendo, así, la suspensión cautelar, a petición de la Comissió Ciutat-Port, de la resolución del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) del 30 de marzo de 2021, que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) pudiera decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para la ampliación norte del Puerto de València.
En consecuencia, se paraliza, por el momento, esta macroampliación del puerto que, en palabras de la Comissió Ciutat – Port, tendría que suponer “una llamada al sentido común y el abandono de proyectos depredadores del territorio y la calidad de vida de la ciudadanía”. En este sentido, señalan que “el puerto de València no necesita apostar por crecimientos arriesgados en tiempos de emergencia climática e incertidumbre económica, sino que puede optar por optimizar su gestión, racionalizando el uso del espacio actual infrautilizado y mejorando sus procesos de trabajo”. Así, recuerdan que la ampliación norte del puerto es cuestionada por “casi 200 colectivos ciudadanos, organizaciones de estibadores y numerosos informes técnicos y jurídicos”.
La Comissió Ciutat – Port viene luchando por la paralización de este proyecto desde hace un tiempo. De hecho, cuando el Ministerio de Transición Ecológica decidió, en marzo de 2021, que 14 años después de la primera Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en 2007, se modificaban las responsabilidades para convertir a la Autoridad Portuaria de València (APV) en “juez y parte” en una nueva evaluación ambiental del proyecto, esta plataforma ciudadana ya recurrió en vía administrativa ante el propio Ministerio “sin obtener respuesta”. Por eso, acudieron a los tribunales frente a una resolución que siempre han calificado de “nula de pleno derecho y dictada en fraude de ley”.
Es en ese procedimiento judicial, iniciado ante la Audiencia Nacional pero derivado finalmente a la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se ha ratificado, ahora, la primera decisión judicial favorable a los argumentos de la plataforma ciudadana.
Por este motivo, señalan que es momento de que el Ministerio de Transición Ecológica y el organismo público Puertos del Estado “asuman sus obligaciones ambientales en lugar de derivar las responsabilidades en la APV”. Y es que “Puertos del Estado deberá decidir si las modificaciones constructivas introducidas respecto de la propuesta inicial, redactada quince años atrás y que obtuvo declaración de impacto ambiental favorable en 2007, deben someterse o no a nueva evaluación ambiental”.
Esperanzas en la decisión final
La resolución que respalda sus argumentos hace que desde la plataforma se tenga “confianza” en la decisión final para que se obligue a reconsiderar la ampliación norte del puerto de València. Por el momento, en la actual situación de paralización judicial, “la APV no podría elevar al Consejo de Ministros la autorización para la contratación de las obras. Tiene que volver a la casilla de salida si no quiere incurrir en graves responsabilidades por infracción de la legislación ambiental”, han concluido.