A principios de esta semana, elDiario.es publicó el informe de la Abogacía del Estado que saca a la luz hasta cuatro irregularidades en la permuta de concesiones aprobada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en favor del naviero y consejero del organismo, Vicente Boluda. Esta información ha suscitado revuelo principalmente entre los socios del Botànic, quienes muestran diferencias ante las evidencias publicadas.
El informe de la Abogacía del Estado nunca se hizo público. Hasta ahora. En un consejo de administración del 29 de junio incluso la APV negó una copia a los consejeros (tan solo se les dejó consultarlo) y desde entonces tanto la Autoridad Portuaria como el Gobierno, entre repetidas peticiones del senador de Compromís, Carles Mulet, han evitado hacerlo público.
Así, una vez ha salido a la luz, Mulet ha señalado que “es gravísimo, son todo irregularidades lo que se refleja, no se ha actuado con arreglo a ley y por lo tanto deberían depurarse responsabilidades”. "Es un tema gravísimo que por parte de la APV se esté actuando de esta manera, esto invalida que Aurelio Martínez continúe un día más en la Autoridad Portuaria. Se van a pedir explicaciones al Gobierno", añade el de Compromís.
El informe destaca cuatro irregularidades palpables. Una de las cosas que refleja es un "conflicto de intereses" que pone en evidencia un posible trato de favor dispensado al naviero, así como la falta de rigor en la defensa del bien público por parte de los responsables de la APV.
Otro de los aspectos a destacar radica en que la Autoridad Portuaria de Valencia "no procedió regularmente, ya que debió realizar, a través de sus servicios competentes, las actuaciones necesarias para comprobar el cumplimiento por la sociedad Unión Naval de Valencia, S.A. de su obligación de conservar las obras e instalaciones en buen estado, así como para comprobar que la actividad que venía realizándose en la concesión se correspondía con el objeto de ésta según el título concesional".
Además, el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se dispuso el otorgamiento, en sustitución de la concesión concedida por rescate y como pago de la indemnización derivada de éste, de una concesión de objeto distinto de la distinguida por dicha causa sin seguir la tramitación indicada en fundamento jurídico IV, apartado B), del presente informe, no es conforme a Derecho.
Reacciones en el Botànic
En la jornada de ayer, los portavoces parlamentarios de los tres grupos que conforman el Botànic (Papi Robles, Pilar Lima y Manolo Mata) se pronunciaron al respecto, con diferencias entre los de Compromís y Unides Podem frente al PSOE-PSPV.
Por un lado, Lima remarca que la cuestión les "preocupa", mientras que Robles asegura que "el puerto no está actuando de manera transparente". Desde la formación morada también afirman que la permuta es "irregular" y que "esa cesión y concesión ya tendría que estar caducada". Además, indican que han solicitado la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, que "se ha negado a venir a dar explicaciones". En la misma línea, Robles duda de la viabilidad de la continuidad de Martínez y lamenta que "no quiera entregar documentación a la ciudadanía" y que "nos tengamos que enterar por la prensa de los procedimientos administrativos del puerto".
Ante esto, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, defiende la gestión del Puerto de València. "Todas las decisiones que se han tomado desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) están amparadas por los informes técnicos y amparadas por la legislación" y ha remarcado que "su presidente siempre actúa bajo el imperio de ley", apunta. En este sentido, el portavoz socialista insta a Compromís y Unides Podem a "tranquilizarse y dejar de confundir sembrando sombras de sospecha donde no hay ninguna irregularidad".
Asimismo, explica que "la Autoridad ya puso a disposición de los miembros del Consejo de Administración toda la información sobre la permuta de terrenos" y asegura que, "además la prueba de que la APV ha actuado siempre a favor de los intereses de los valencianos es que fue ella la que realizó una consulta a la Abogacía del Estado sobre si la posible operación era correcta antes de la toma de cualquier decisión".
"La misma APV y el Consejo de Administración son los que revisaron el acto que habían adoptado y lo declararon lesivo" detalla Mata, que añade que "es una declaración que ya está a la espera de una resolución judicial". Finalmente, Mata califica de "imprudentes" las declaraciones de Compromís y Unidas Podem al respecto y apunta: "Los socialistas cuando creemos que alguno de sus altos cargos no actúa correctamente jamás nos planteamos pedir su dimisión".