La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) empieza su implantación en las calles de la capital valenciana con la instalación de las primeras 33 cámaras en diferentes vías y avenidas de la ciudad. De momento, y tal y como ha comunicado la concejalía de Movilidad que gestiona Jesús Carbonell, la colocación de estas unidades de grabación que leerán las matrículas de los vehículos son el primer paso de las obras para el despliegue completo de los sistemas de control de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia. Unas actuaciones cuya previsión de finalización es el próximo mes de diciembre.
En concreto, el Ayuntamiento de València ya ha instalado una treintena de cámaras de vigilancia que se han distribuido por diversas zonas y barrios de la ciudad. En ese sentido, cuatro unidades se han colocado en la avenida del General Avilés y otras dos en el paso inferior de la misma avenida con Peset Aleixandre. Además, ocho ya se encuentran en la avenida Maestro Rodrigo, cinco en la calle de La Safor, cuatro en la avenida del Levante U.D., cuatro más en la de Juan XXII, y tres en Llano de Zaidía. Otras dos cámaras en la avenida del Cid y una en Pérez Galdós completan la lista de las unidades ya instaladas.
“Los trabajos para la instalación del resto de equipos avanzan en estos momentos en paralelo y se está actuando en más de cinco zonas simultáneamente porqué queremos cumplir con todos los plazos y porque nuestro compromiso no admite demoras”, ha explicado el Concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.
De esta forma, está previsto que en el mes de diciembre ya se habrán desplegado por completo las 278 cámaras que vigilarán la entrada de vehículos a la ciudad de València. También estarán colocados ya los 59 puntos de control, 44 paneles de información variable y los ocho sensores medioambientales que medirán los niveles de contaminación, tanto acústica como ambiental, de la ZBE de València.
Cómo funcionan las cámaras en la ZBE
Tal y como han confirmado fuentes municipales, las cámaras cuya instalación ya ha comenzado estarán activas las 24 horas del día una vez entren en funcionamiento las zonas de bajas emisiones que se han diseñado en la capital valenciana. De hecho, las cámaras podrán grabar en cualquier condición lumínica y se encargarán de leer las matrículas de los vehículos que transiten por la ciudad.
Las matrículas captadas por las cámaras se cotejarán posteriormente con los datos que aparecen en la Dirección General de Tráfico (DGT) para saber si el coche que ha accedido a un área con restricciones cuenta con el distintivo ambiental que le permite transitar por esta. Asimismo, desde el Ayuntamiento confirman que la grabación por parte de estas cámaras no infringen la regulación de protección de datos, ya que "están diseñadas para garantizar la privacidad absoluta de los conductores y contienen herramientas para difuminar rostros y las matrículas de los coches no infractores".
Activadas, pero sin potestad sancionadora
Las más de 200 cámaras de lectura de matrículas que se instalarán por toda València serán las encargadas de verificar si un coche tiene permitida la entrada o no y también se usarán para interponer las sanciones. Aún así, estas multas no estarán vigentes desde el primer día, ya que el Ayuntamiento empezará a sancionar de manera progresiva.
En esta línea, y tal y como apuntó la alcaldesa María José Catalá, el próximo año 2025 será un periodo "informativo" y "sin sanciones". "El año 2025 va a ser el año en el que no van a haber sanciones y va a ser solo informativo" en las Zonas de Bajas Emisiones, "para que la gente a partir" de ese ejercicio "sepa cuáles son las restricciones y cómo se van a ir incorporando" las restricciones previstas, señaló la primera edil.
Por lo tanto, será a partir de 2026 cuando se prevé que empiecen las sanciones. En concreto, en 2026 se multará a los vehículos de fuera de la provincia de Valencia; en 2027 se aplicarán las sanciones a los vehículos de fuera de la ciudad; y en 2028 a todos los vehículos, también a los de los residentes en Valencia.
"Hemos optado por una normativa blanda, porque pretendemos proteger los intereses económicos y sociales de los vecinos, y especialmente para evitar que los perjudicados sean aquellos con menos recursos y posibilidades para cambiar de vehículo y de ahí el calendario progresivo de implantación previsto en la normativa", ha asegurado el edil del área.