El problema de la vivienda vuelve a mostrar su peor cara. Los días 15 y 16 de julio hay programados dos desahucios que dejarán en la calle a María Dolores Pisa y a Ramón y Carmen, dos pensionistas de 80 y 75 años. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia pedía, este lunes, una reunión con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y lo hace de nuevo, este martes, con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. “Se niegan a hablar con nosotros, a buscar soluciones a un problema que afecta a toda la sociedad, no solo a las personas más vulnerables. Y, desde luego, no vamos a consentir que se produzcan más desahucios”, señalaban desde la plataforma en una concentración convocada en la plaza Manises de Valencia.
Desde la PAH proponen que la Comunitat Valenciana aplique un plan de choque – como ya ocurre en otras comunidades autónomas, como Cataluña – en la que la administración pública se convierte en la titular de un contrato de alquiler social en el que las familias asumen entre un 25 % y un 30 % del precio del alquiler, más los suministros, y la Generalitat asume el resto. Se trata del programa LlogAD que, como afirman, “hemos hablado con algunos fondos buitre y nos han dicho que lo aceptarían”.
Por eso, preguntan desde la plataforma: “si ya se ha aplicado en otras autonomías paralizando más de 2000 desahucios, ¿por qué somos menos los valencianos? El problema de la vivienda es un problema real, que debe ser prioritario y que debe salir de estrategias políticas o de relatos facilones, como que solo se trata de ocupaciones”. Y añaden desde la PAH, “no es una novedad que los precios de los alquileres son desorbitados. Hay familias que están trabajando y que tampoco pueden hacer frente a los precios del alquiler, pero si encima no tienen una nómina están directamente expulsados del derecho a la vivienda”.
Es el caso de María Dolores Pisa – tiene fecha de desahucio para el próximo lunes 15 de julio – “hemos logrado paralizarlos tres veces por la presión mediática, pero no sabemos qué ocurrirá esta vez. No nos queremos ir sin una solución”; o el de Ramón y Carmen (de 80 y 75 años) con fecha de desahucio para el martes, 16 de julio: “pedimos que nos ampare la justicia, y que no nos dejen como animales en la calle”.
También hemos conocido el caso de Carmen y Vanesa, ambas a la espera de que les anuncien la fecha de desahucio. Vanesa ha tenido un juicio por ocupación. Según cuenta, “he solicitado una vivienda al Ayuntamiento de Valencia y a la EVha (Entitat Valenciana d’habitatge i sòl), estoy cobrando la Renta Valenciana de Inclusión y con eso no puedo costearme el precio de un alquiler. ¿Qué puedo hacer?”. Ambas tienen, además, hijos menores a su cargo.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia han informado que irán dando a conocer las ubicaciones de los próximos desahucios a través de sus redes sociales. “No vamos a permitir que se vayan de sus casas. Y si los políticos no mueven ficha, estarán siendo cómplices de que estas personas se queden en la calle. Por defender los intereses especulativos, están socavando el derecho a la vivienda de las personas, porque hay que recordar que ni propietarios ni inmobiliarias alquilan a personas sin nómina o pensionistas”, han concluido. Todas estas viviendas son de fondos buitre.
La turistificación y el mercado inmobiliario
Los efectos que la turistificación está teniendo sobre el mercado inmobiliario son innegables: por un lado, la reducción de vivienda que se destina, ahora, a apartamentos turísticos; y por otro, unos precios desorbitados que dificulta, todavía más, el acceso a la vivienda. “Han habido vecinos que han sido expulsados de sus casas porque los propietarios querían convertirlo en alojamientos turísticos, y han visto cómo, con su pensión, era inviable acceder a una nueva vivienda de alquiler en su barrio; lo mismo ocurre con los jóvenes, porque compartir piso con 5 o 6 personas más, no es tener una vivienda”, señala María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia.
Un punto de vista que también comparten desde las entidades vecinales de la Saïdia que han denunciado que “según los datos de los principales portales inmobiliarios, alquilar un piso en la Saïdia, actualmente, cuesta 300 euros más de media que en 2021, lo que supone un aumento del 50 por ciento en solo tres años. Asimismo, los apartamentos turísticos han aumentado su presencia en un 30%, sin contar con la oferta ilegal, que se multiplica semana a semana”.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Valencia no solo se ha suspendido, durante un año, las licencias para abrir nuevos apartamentos turísticos; sino que, además, se está acelerando la construcción de viviendas en la ciudad que se destinarán a alquiler asequible. “La vivienda pública y asequible es una prioridad para este Ayuntamiento y, por eso, hemos acelerado todos los mecanismos y desbloqueado los proyectos, frente a la incapacidad del anterior equipo de impulsar un plan de vivienda con determinación y certezas”, ha afirmado María José Catalá, quien ha recordado que en marzo el gobierno activó la primera solicitud de desembolso del BEI (Banco Europeo de Inversiones) por importe de 10 millones de euros.
En este sentido, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento activará el segundo préstamo de 17 millones del BEI para licitar la construcción de 90 nuevas viviendas para alquiler asequible en la calle Les Moreres, 21 (Quatre Carreres). Este bloque de viviendas tiene un importe previsto de 22.856.158,50 € y la licencia está concedida desde el 4 de diciembre de 2023.