La puesta en marcha de la nueva televisión pública valenciana avanza y, esta vez, a favor de la Generalitat Valenciana. La Audiencia Nacional ha declarado justificado el despido colectivo de los trabajadores de RTVV, y ha descartado la inconstitucionalidad de la ley 4/2013, que permitió el cierre de este servicio público. Asimismo, también ha rechazado que se produzca una sucesión de empresas con la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, encargada de poner en marcha la nueva radiotelevisión valenciana.
Una sentencia que supone un mazazo para los sindicatos de trabajadores que, durante la vista, defendieron la nulidad del ERE, al alegar que el cierre de la empresa se produjo antes de que desaparecieran todos los puestos de trabajo.
En este sentido, el síndic del grupo parlamentario Podemos, Antonio Montiel, ha asegurado que a pesar del fallo de la Audiencia Nacional, 'no borra la infamia, ni juzga lo que fue una decisión política absurda y brutal, fruto de la incapacidad y del desprecio del PP hacia un servicio público y sus trabajadores”. Asimismo ha querido subrayar que 'la sentencia sí que reconoce el fracaso del modelo y de la gestión del Partido Popular en la RTVV'.
El fallo de la Audiencia Nacional, a raíz de una demanda presentada por el sindicato CGT tras el despido de 1.600 trabajadores, explica, a lo largo de 90 folios, por qué deben rechazarse todas las cuestiones de nulidad planteadas.
Entre alguna de las razones se encuentra que la única salida para esta empresa pública, que estaba atravesando una grave situación económica con una plantilla sobredimensionada, era el cierre del servicio. Asimismo, considera probado, a raíz de toda la documentación aportada, que, desde 2009 a 2014, el Grupo RTVV arrastraba una insuficiencia presupuestaria, así como una imposibilidad de sufragar el coste que representaba Radiotelevisón Valenciana.
A este razonamiento añade que tampoco era viable otra medida alternativa, ya que promover un nuevo despido colectivo multiplicaría los costes sin asegurar un acuerdo entre los trabajadores. Un hecho que 'llevaría a nuevas pérdidas que debería soportar la Generalitat en detrimento de otros servicios'.
Una sentencia muy favorable para la Generalitat Valenciana que, durante la vista que se celebró hace unas semanas, defendió no sólo la constitucionalidad de la ley 4/2013, sino también negó que existiera una sucesión de empresas con la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, ya que se trata de un nuevo ente.
Antonio Montiel ha querido expresar su desacuerdo ante las palabras de la presidenta del PP, Isabel Bonig, que, ante el Pleno, ha afirmado que con este fallo ha quedado demostrado que el PP actuó bien. De esta manera ha querido dejar claro que, desde su punto de vista, 'Alberto Fabra reaccionó de forma prepotente, irracional y brutal al plantear el ERE de extinción, y acabar con los empleos del personal de RTVV y con el derecho de los valencianos y valencianas a tener un medio público de radiotelevisión en la lengua propia'.
A pesar de que la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda de sucesión de empresas, los sindicatos ya han anunciado que recurrirán el fallo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ante esta decisión, Montiel ha querido expresar que 'los trabajadores están en su derecho de recurrir ante el Tribunal Supremo esta sentencia. No sé el resultado que puede tener ese recurso, pero lo que sí sé es que lo que se cometió fue una infamia, una agresión contra todos, no solo contra los trabajadores”.
Ahora bien, ¿Cuál es el futuro de los extrabajadores? El síndic del grupo parlamentario de Podemos ha vertido algo de esperanza con la apertura del nuevo ente público, y se ha mostrado convencido de que 'podremos dar salida profesional a muchos de los extrabajadores' cuando la nueva RTVV vea la luz.
Por último, ha añadido que 'en lo que dependa de Podemos, no volverá a haber una radio televisión pública al servicio de un gobierno; es un derecho de los valencianos y valencianas y pelearemos porque sea una televisión transparente, desgubernamentalizada y de servicio público”.