Durante la última semana ha estado en boca de todos la problemática que ha surgido en base a la disposición de patinetes eléctricos en las calles de Valencia por la empresa Lime, participada por Uber.
"La polémica no es el patinete eléctrico en sí. En esta ciudad no tenemos ningún problema con ello, ya que es un transporte ecológico que valoramos positivamente".
Lime proponía una nueva forma de movilidad basada en el vehículo de transporte más popular de los últimos años: los patinetes eléctricos. Equipados con un motor eléctrico y con una plataforma que permite buena estabilidad, los patinetes eléctricos se han ganado un gran reconocimiento en el mundo del transporte urbano. De reducido tamaño, portátiles, con poco peso y capaces de alcanzar velocidades de 30 kilómetros por hora, los patinetes eléctricos son la propuesta que ha lanzado la empresa estadounidense Lime como respuesta al transporte público urbano.
Con un modelo de negocio basado en el alquiler por minuto, la empresa estadounidense ha entrado en conflicto con el Ayuntamiento de Valencia. Ajeno a las típicas discusiones sobre si son vehículos motorizados o no, la polémica entre en Ayuntamiento y la empresa de alquiler de patinetes tiene un origen bastante sencillo: Lime distribuyó sus patinetes sin haber solicitado un permiso para ejercer su actividad económica en las calles de la ciudad previamente. Desde el Ayuntamiento recuerdan que estos permisos son obligatorios para todo tipo de negocio cuya actividad económica implique la ocupación de la vía pública: ya sea para la terraza de un bar o para el alquiler de vehículos.
Desde el Ayuntamiento se ha resuelto esta problemática en la recogida de todos los patinetes. "Si la empresa, ante requerimiento de la Policía Local, no retira en un plazo considerable, que entendemos que puede ser un día, todos los patinetes, tendrá que ser la propia Policía Local quien tenga que retirarlos" explican desde el Ayuntamiento.
Una problemática que puede conllevar grandes sanciones
Al tratarse de una ordenanza pública, el incumplimiento de la resolución del Ayuntamiento de cara a la empresa Lime puede desembocar en multas que pueden llegar a superar los 1.000 euros.Tal como señala la instrucción de la DGT sobre vehículos de movilidad personal (VMP): "Los VMP y ciclos de más de dos ruedas que estén destinados a realizar actividades económicas de tipo turístico o de ocio deberán obtener previamente una autorización de la Autoridad Municipal en la que figurará que, en todo caso, el recorrido a realizar, horario y cuantas limitaciones se establezcan para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía pública. La Autoridad municipal recabará los informes vinculantes que considere oportunos".
De esta misma manera, el Artículo 12 de la Ordenanza de Dominio Público establece que: "Cuando se está produciendo una indebida ocupación del dominio público, ya sea por no contar con la preceptiva autorización o concesión o por incumplir las condiciones de la misma (...) se requerirá al titular de la autorización o concesión, si la hubiere, para que proceda voluntariamente a la retirada de los elementos que lo ocupen, advirtiéndole de que, de no hacerlo así, se realizaría en ese acto la misma de oficio".
Traduciéndolo en términos más cercanos, la empresa debe tener un certificado o permiso que acredite su actividad, y en caso de no tenerlo, deberá retirar los vehículos que ocupen el espacio público, y si no lo hacen, será el Ayuntamiento quien los retire. En el caso de que Lime haga caso omiso al dictamen del Ayuntamiento, la empresa se enfrentaría a una multa de 750 euros por ocupación de espacio (no por vehículo) más 122 euros por la recogida y transporte de los vehículos más otros 1,05 euros por día que los vehículos permanezcan en depósito.