El Parlamento Europeo da la espalda a investigar si la ampliación del Puerto de València necesita otra DIA

La ampliación del Puerto de València se convirtió en el centro de debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esto se ha producido a raíz de una petición de un ciudadano anónimo que afirmaba que existen graves deficiencias medioambientales en el proyecto de ampliación norte del puerto. Su objetivo era conseguir la obligación de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). No obstante, no ha sido posible al no llegar al mínimo de votos necesario para sacar esta petición adelante.Los votos del PP europeo y del S&D, el grupo socialdemócrata, que tienen mayoría, en contra de Los Verdes y otros grupos de la izquierda europea, han sido suficientes para tumbar la iniciativa. Han intervenido el ciudadano que realizó la petición, el presidente del Puerto de València, Aurelio Martínez, y la Consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà.Por un lado, la persona anónima en esta petición presentada el pasado mes de agosto de 2020 denunciaba las insuficiencias medioambientales proyecto de ampliación norte del puerto. Destacaba, entre otras cosas, que la Autoridad Portuaria Provincial habría modificado el proyecto original, que cuenta con una declaración de impacto ambiental formulada en el año 2007. Por tanto, el nuevo proyecto debería requiere de una nueva evaluación ambiental y someterlo al preceptivo trámite de información pública para conocimiento y alegaciones de los interesados.Del mismo modo, la consellera Mollà explicaba que comparecía para "defender los intereses medioambientales ante la amenaza" que supone este proyecto y ha denunciado públicamente que la APV "trata de evitar con todos los medios a su alcance" realizar una nueva DIA ajustada al proyecto real pese a que existen "dudas razonables" sobre el impacto que supondrá el nuevo proyecto en la Albufera.Asimismo, criticaba que en "un hecho insólito" el Ministerio de Transición Ecológica en marzo de 2021 "otorgó al promotor, la APV, la condición a su vez de órgano sustantivo" y, por tanto, convirtió al Puerto "en juez y parte" de su propio proyecto en unas repercusiones que "se niega a evaluar". Por ello, reclamaba la Comisión Europea que no caiga en "la omisión deliberada del principio de precaución" para evitar "el colapso ambiental del lago de agua dulce más grande de España y de los humedales más importantes de Europa".Por otro lado, Aurelio Martínez defendía que las modificaciones en el proyecto original para la ampliación norte del recinto portuario no incurren en los supuestos de la ley ambiental que obligan a los proyectos que cuentan con una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) en vigor a tramitar una nueva evaluación ambiental.Algunos supuestos contemplan el incremento significativo de emisiones a la atmósfera, de vertidos a los cauces públicos o al litoral, de generación de residuos y de utilización de recursos naturales, o la afección a Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 o al patrimonio cultural. "Con el cumplimiento de estos supuestos no es necesario proceder a una declaración ambiental simplificada de la modificación del proyecto. Como es lógico, la APV está incorporando todas las observaciones en materia técnico-ambiental que acrediten el cumplimiento normativo", argumentaba el presidente del Puerto."Los técnicos de la APV han estudiado si la modificación del proyecto original, planteada para adaptarse a los cambios ocurridos en el sector marítimo, podría suponer alguna infracción en los apartados del artículo 7 de la Ley de Evaluación Ambiental (LEA) que requiriese nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), llegando a la conclusión de que la DIA de 2007 se encuentra vigente y no es necesaria una nueva evaluación, tal y como ratificó posteriormente Puertos del Estado", zanjaba.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Por su parte, la valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada socialista y que forma parte del Consejo de Administración del proyecto de la Autoridad Portuaria, señalaba que la APV con este proyecto "da un paso adelante para ser "un motor de crecimiento y creación de empleo", pero "con el compromiso de ser sostenible y de respetar toda la legislación vigente" como reconoce, ha recalcado, la propia comisión.Por contra, desde los Verdes criticaban a la Eurocámara por "mirar hacia otro lado" con este proyecto cuando hay "una duda razonable" de que se vulnera la legislación medioambiental. Por eso, ha pedido mantener la petición abierta hasta disponer de toda la información y estar "muy vigilantes con el Puerto de València".Asimismo, desde la Izquierda Europea Manu Pineda votaba en contra de que se cierre porque se requiere una nueva DIA para determinar las afecciones que supondrá en las playas del sur y la Albufera este proyecto que se ejecuta "no en atención del interés general sino para que los grandes navieras obtengan beneficios".Por último, el diputado no adscrito Mario Furore criticaba que la Eurocámara "elude su responsabilidad" en materia medioambiental al no exigir una nueva DIA y ha reclamado que, por lo menos, la petición se mantenga abierta hasta que se presente el nuevo proyecto.