El Ayuntamiento de València sancionará a los vehículos no registrados que accedan al área de prioridad del distrito de Ciutat Vella a partir del 1 de diciembre, con multas de 60 euros que se reducirán a 30 por pronto pago. Hasta entonces, entre el 18 de octubre y el último día de noviembre se iniciará una fase previa informativa en la que se notificará a los vehículos que accedan a esta zona sin estar registrados, pero sin multa y una única vez, según aprobó el pasado viernes la junta de gobierno local. Así, el mes de diciembre marca el inicio del fin de la libre circulación por este barrio
El proyecto entra en diciembre "en su plenitud" tras casi un año de desarrollo desde que se inició a finales de noviembre, debido al retraso en la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia. Se trata de la primera área de prioridad residencial (APR) de València, una iniciativa que surgió del proceso DecidimVLC de inversiones en barrios en 2016.
De momento se han tramitado más de 4.400 solicitudes, el 75% de ellas ya aprobadas: 1.818 de vecinos empadronados en el área, 1.248 de empresas que realizan actividades en la zona y 852 de personas arrendatarias de viviendas o aparcamientos, aunque no empadronadas. Se han incluido automáticamente los 3.087 los taxis de la ciudad y los vehículos de emergencias están exentos de registro, por lo que podrán circular sin necesidad de autorización.
"Cualquier persona con motivos razonados para entrar con su vehículo en Ciutat Vella Nord lo podrá hacer sin ningún problema mediante los permisos concretos que los titulares autorizados pueden tramitar", ha remarcado en la rueda de prensa tras la junta el vicealcalde segundo, Sergi Campillo, junto al concejal de Hacienda, Borja Sanjuán.
Los permisos puntuales que no se hayan tramitado por olvido se podrán realizar hasta cinco días después de acceder al área de prioridad, "un tiempo más que razonable y que demuestra la voluntad de facilitar la familiarización de esta nueva zona restringida al tráfico no residente".
Con esta medida se pretende mejorar las condiciones del vecindario y la calidad del aire, además de reducir el ruido y contribuir a la recuperación del espacio peatonal, todo ello para lograr barrios más "amables", como anunció en su momento el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi.
València busca así adaptarse a lo que Europa y el Gobierno reclaman en las grandes ciudades para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y el compromiso de reducir emisiones contaminantes. La nueva Ley de Transición Ecológica de España obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones.
En esta línea, la primera APR de València da un paso "decidido" en su compromiso con la salud de las personas, con menos humo y ruido para el vecindario, y profundiza en la recuperación de las calles de Ciutat Vella para las personas, para los peatones, iniciada hace cinco años por la Concejalía de Movilidad.
"La puntilla para un comercio ya asfixiado"
El PP del Ayuntamiento de València rechaza el área de prioridad residencial (APR) del norte del distrito de Ciutat Vella que entrará en vigor el 1 de diciembre con multas para los vehículos que accedan y no estén registrados, al considerar que es "la puntilla para el comercio y la hostería ya asfixiados" y que detrás hay afán recaudatorio.
Tras la aprobación definitiva del proyecto en junta de gobierno local, con una fase informativa previa desde el 18 de octubre y multas a partir del 1 de diciembre, los 'populares' piden que se retrase la puesta en marcha del "cierre del centro con cámaras" hasta que se normalice la situación, se terminen las obras y abran los dos aparcamientos cerrados.
"No es momento de más palos en la rueda a nuestros comerciantes, un centro en obras con cierre de dos aparcamientos públicos, la eliminación de 15 líneas de EMT que ya no llegan al centro y dificultades para acceder en taxi", defiende en un comunicado el concejal Santiago Ballester, advirtiendo que supondrá "más cierres y pérdidas de empleo" cuando "València tiene casi 63.000 parados y desde el gobierno municipal no se bajan impuestos".
A su juicio, esta medida solo tiene una explicación: "Solo responde al afán recaudatorio de Joan Ribó --el alcalde, de Compromís-- y PSOE --socio de gobierno--, que ya pusieron en marcha un sablazo fiscal para recaudar más de los ciudadanos pero sin mejorar la ciudad ni los servicios".