La vivienda es, sin duda, una de las principales preocupaciones de la población joven. Los elevados precios del alquiler, junto con la situación socioeconómica, hacen muy difícil la emancipación de este sector de la población. De esta manera, desde las distintas administraciones públicas, se está llevando a cabo actuaciones que contrarresten esta problemática. Un claro ejemplo es el recargo del 30% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores con viviendas vacías que el Ayuntamiento de València ha activado para este 2023.
Como ha explicado el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, “es una medida coercitiva que no tiene como finalidad aumentar la recaudación, sino conseguir que haya más viviendas en alquiler para que bajen los precios”. Así, este año, el recargo se aplicará a un total de 41 viviendas de València que son propiedad de seis grandes propietarios.
No hay duda que València sufre un mercado de alquiler muy tensionado. Por este motivo, y en el marco de la Ley de la Vivienda que plantea el Gobierno de España, y que, entre otras cuestiones, limita la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024; todo apunta a que la siguiente legislatura estará marcada por garantizar el acceso a la vivienda.
En este sentido, el alcalde de València y candidato por Compromís a la reelección, Joan Ribó, ya ha anunciado que pedirá a la Generalitat Valenciana que declare toda la ciudad como zona tensionada por los incrementos de los precios de alquiler de viviendas, con el objetivo de aplicar la nueva ley de Vivienda que evitará burbujas de precios.
“Lo pedimos porque el precio ha subido mucho en toda la ciudad. De hecho, en la práctica totalidad del término municipal de València se dan las condiciones para declarar las zonas tensionadas debido a las subidas del precio del alquiler por encima del 5% sobre las variaciones del IPC, o a que las cuotas del alquiler supongan más de un 30% de los ingresos familiares”, ha destacado Ribó.
De esta manera, con la declaración de València como zona tensionada, se podría aplicar una reducción al precio del alquiler facilitando, así, el acceso a la vivienda. Una posición que también comparte la vicealcaldesa y candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, que ha dejado claro que si llega a ser alcaldesa, aplicará la ley de Vivienda a toda la ciudad.
“Es una ley muy necesaria para ayuntamientos de ciudades como València que estamos sufriendo un aumento del precio de la vivienda y que necesitamos herramientas que nos ayuden a frenar este fenómeno”, ha expuesto Gómez. En este punto, ha querido recalcar que “gracias al Gobierno de España, vamos a poder controlar y limitar los precios de los alquileres que estaban absolutamente disparados en algunas zonas y evitar el efecto contagio en otra”.
“Activaremos el tope a los alquileres al día siguiente de que se apruebe la ley de Vivienda”
Las peticiones tanto del PSPV-PSOE, como de Compromís, ya estaban contempladas por el vicepresidente segundo de la Generalitat, conseller de Vivienda y candidato por Unides Podem, Héctor Illueca. Y es que el pasado viernes, justo cuando se conocía el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y ERC y Bildu para la ley de Vivienda, ya había anunciado que “el Consell activará el tope a los alquileres al día siguiente de que se apruebe la ley”.
Para ello, ha confirmado, “tenemos los deberes hechos para declarar como tensionadas aquellas ciudades más afectadas por la falta de vivienda”. Una declaración que podría llegar antes de que acabe el año.
Por su parte, el president de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, también ha prometido que centrará sus esfuerzos para que “los próximos cuatro años sean la legislatura de la vivienda”. Así, ha anunciado que pondrá en marcha un plan que contemplará la movilización de todos los suelos públicos disponibles, la construcción directa para alquiler social o la financiación de la promoción privada, en suelo público, para alquiler público.