Este viernes, 2 de diciembre, se ha reunido el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en sesión extraordinaria, y ha dado luz verde al Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de València. Sin embargo, éste ha contado con dos votos en contra; el del alcalde de València, Joan Ribó, y el del secretario autonómico de Vicepresidencia de la Generalitat, Iván Castañón.
Respecto a esto, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, ha defendido que este tipo de decisiones estratégicas no se pueden "dejar al albor del enfoque político que tenga cada partido" sino deben basarse "en informes técnicos" que, según ha insistido el presidente, se han pedido a “todas las personas que se ha entendido que tenían mayor relevancia técnica".
Así pues, esta sesión ha sido convocada por la APV tras recibir el informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina del Ministerio para la Transición Ecológica, favorable al proyecto con 21 condiciones, entre las que destaca no dragar material de un banco de arenas submarino frente a Cullera y Sueca, así como actualizaciones del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA), por lo que Martínez ha hecho un repaso de los diferentes informes técnicos presentados, resaltando que supondrá "la mayor inversión realizada nunca en el Puerto de València y probablemente la mayor inversión en cualquier puerto de España".
Ribó: “La ampliación del Puerto tal y como está planteada no beneficia a la ciudad"
El alcalde ha denunciado que “no se ha hecho todo lo necesario en este caso”, ni en términos jurídicos, ni en el desarrollo de las actuaciones de mejora que estaban previstas, ni en la actualización de los estudios y previsiones sobre las implicaciones del proyecto. De ahí, que su posición contraria. Tal como ha subrayado Ribó al término de la reunión, “cuando escucho a las personas que se están manifestando en la calle por su desacuerdo con este proyecto, me vienen a la memoria los movimientos vecinales que en su momento reclamaban El Saler per al Poble, o que querían que el Turia fuera una zona verde y no una autopista de siete carriles”.
Ribó ha señalado la incertidumbre jurídica que se deriva del hecho de que la Autoridad Portuaria “sea juez y parte en la gestión de la Declaración de Impacto Ambiental, DIA”. “Esto no es en absoluto normal porque, generalmente, quien hace el proyecto no hace la declaración; esto es algo absolutamente irregular”, ha afirmado el alcalde, quien ha alertado de que ello tendrá “consecuencias a nivel jurídico, como de hecho ya se ha presentado una demanda que ha sido aceptada”. Ribó ha advertido que València “ya tiene experiencia en situaciones similares de incertidumbre jurídica, como por ejemplo, en el caso de la ZAL, Zona de Actuaciones Logísticas, que llevamos arrastrando ya 25 años, y que supone una situación muy clara”.
Por otra parte, el alcalde ha denunciado que las previsiones de mejoras en zonas de costa que estaban establecidas en la anterior DIA “no se han cumplido”. Tal como ha recordado, “en el informe de Costas, Anexo número 1, páginas 68 y 69 de la DIA de 2007, hace 15 años, se detallan una serie de medidas que han de llevar a cabo entre Costas y la Autoridad Portuaria respecto a las mejoras a realizar en puntos como l’Arbre del Gos, El Saler y Pinedo, entre otros”. “Pero no se ha hecho absolutamente nada: el uno por el otro y la casa sin barrer”, ha denunciado Ribó, quien ha calificado la situación de “muy grave”.
Estimación de la licitación del proyecto
Además, el presidente de la APV estima que la licitación tendrá lugar en el primer trimestre de 2023 y que concluirán los procesos de adjudicación a lo largo de 2023.
De hecho, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, Martínez ha explicado que el proyecto se remitirá a Puertos del Estado para que a su vez lo envíe al Consejo de Ministros, que entiende que podrá "contestar con cierta urgencia".