El año 2023 ha marcado un hito en la historia de València con la aprobación de una de las obras más polémicas de los últimos tiempos: la ampliación del Puerto de València. La pasada semana, el Consejo de Ministros dio luz verde a la licitación de las obras de la terminal de contenedores de la ampliación norte del puerto, un proyecto que ha generado un intenso debate y opiniones encontradas.
Con una inversión público-privada que supera los 1.600 millones de euros, Terminal Investment Limited (TIL), perteneciente al grupo MSC, liderará la construcción y explotación de estas instalaciones. La propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible obtuvo el respaldo gubernamental, autorizando la licitación de las obras para la construcción del muelle de contenedores de la terminal norte del Puerto de València, con un valor estimado de 656,7 millones de euros, IVA no incluido.
La nueva terminal, diseñada para manejar 5 millones de TEUS (contenedores equivalentes de 20 pies), se suma a los 7,5 millones de TEUS de capacidad actual. Contará con tecnología de vanguardia, totalmente electrificada con energía 100% renovable, un depósito completamente automático y una terminal ferroviaria adyacente con seis vías de 1.000 metros de longitud, que será la más grande de España.
La infraestructura permitirá la operación de buques MEGAMAX de última generación, con capacidades de hasta 430 metros de eslora y más de 24.000 TEUs. La terminal, ubicada en aguas abrigadas de la ampliación norte, finalizada en 2012, abarcará aproximadamente 137 hectáreas con una línea de atraque de 1.970 metros.
Compromiso ambiental y de eficiencia
El proyecto destaca por su enfoque en la sostenibilidad ambiental y la eficiencia operativa. La terminal será totalmente electrificada, suministrando energía a los barcos a partir de fuentes renovables en un 100%. La maquinaria, en un 98%, será eléctrica, y el 2% restante utilizará hidrógeno. Además, el sistema de gestión ambiental recibirá la certificación EMAS, el nivel más alto en este ámbito.
El Gobierno defiende la ampliación como una inversión estratégica a nivel estatal, con un impacto económico significativo en términos de generación de empleo y riqueza. Además, subraya su compromiso con la descarbonización y el impulso del ferrocarril como alternativa para el transporte de mercancías.
Diseñado como un esquema de colaboración público-privada, el proyecto, que se espera que concluya en cinco años, implicará una inversión total de más de 1.600 millones de euros. La Autoridad Portuaria de València se encargará de construir la infraestructura básica, mientras que TIL invertirá en la superestructura, instalaciones y material móvil.
División política y social
A pesar de la celebración entre sectores empresariales y políticos, el proyecto ha generado reacciones divididas y críticas, especialmente desde sectores ecologistas y partidos políticos como Compromís. Denuncian la obra como "innecesaria, despilfarradora y perjudicial para el medio ambiente", advirtiendo de "consecuencias ambientales, sociales y legales".
Sumar, partido en el que se integra Compromís en el Gobierno estatal, ha manifestado su rechazo en diversas ocasiones, y la coalición valencianista anuncia que llevará el proyecto a los tribunales para paralizarlo. También se prevé una vigilancia rigurosa para asegurar que los fondos europeos Next Generation no se destinen a un proyecto que no cumpla con estrictos requisitos de preservación ambiental.
Desde Compromís, además, consideran que los socialistas han pactado con PP y Vox cuestiones que van "en contra de los intereses valencianos" y que solo beneficia a las multinacionales y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras unas declaraciones en las que aseguraba que el puerto de Madrid "es València".
La Plataforma Contra las Grandes Infraestructuras de Transporte, que aglutina a diversos colectivos ecologistas y en defensa del territorio de todo el Estado, y Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, en un comunicado en el que expresan su "profunda preocupación" por la aprobación de esta ampliación. Cuestionan la necesidad de una infraestructura de tal magnitud y alertan sobre el impacto negativo en áreas naturales como l’Albufera, las playas, la huerta y los arrozales.
La Comissió Ciutat-Port, con cerca de 200 organizaciones sociales y ecologistas, también se ha movilizado en rechazo de esta infraestructura, y en una concentración que coincidía con el acto de anuncio del ministro, advirtió de "consecuencias ambientales, sociales y legales" de la ampliación, en referencia a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió cautelarmente una resolución de marzo de 2021 del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria de Valencia pudiera decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para el proyecto.
A pesar de las polémicas y resistencias, la ampliación norte del Puerto de València avanza, marcando un capítulo significativo en el desarrollo y el futuro de la ciudad. El debate entre crecimiento económico y preservación ambiental continuará siendo, en 2024, el epicentro de una conversación que se prolongará a lo largo de la ejecución del proyecto.