La Generalitat Valenciana ya ha anunciado que invertirá un total de 25 millones de euros, a través de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) para evitar el cierre de la depuradora de Pinedo, mediante la aplicación de una serie de medidas correctoras, que irían destinadas a reducir las molestias de olores, ruidos y vibraciones, y que se incluyen dentro del Plan Especial de la Depuradora, que se ha comenzado a redactar por la Conselleria de Medio Ambiente, y que supondría conseguir la legalidad de la depuradora.
Sin embargo, se trata de unas medidas que, quizá, llegan demasiado tarde. Los vecinos han solicitado al juzgado la ejecución de la sentencia de 2016, en la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) confirmaba que la planta era ilegal, y que se traduciría en el cierre de la fase III de esta infraestructura. “40 años soportando ruidos y malos olores, y 15 años de lucha judicial desde que descubrimos que la depuradora era ilegal. Por eso, hemos decidido pedir la ejecución de la sentencia”, explicaba el representante de los vecinos afectados, Jaume Chornet.
Sarrià: "El cierre de la depuradora de Pinedo supondría abocar directamente al mar las aguas residuales"
Bien es cierto que el cierre de la depuradora de Pinedo tendría unas consecuencias medioambientales de gran calibre, ya que, como explicaba el concejal del Ayuntamiento de Valencia y Presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, Vicent Sarrià, “las aguas residuales sin tratar de 1,2 millones de habitantes, aproximadamente, acabarían en el mar”. En este sentido ha señalado la necesidad de “poner remedio a la actual situación, pero ese remedio no pasa en ningún caso por el cierre. La Generalitat debe ultimar ese plan especial, presentarlo, y prever las inversiones necesarias para minimizar los efectos”.
Y es que los vecinos ya no aguantan más. “Desde la Administración no se les ha hecho caso, ni les han dado apoyo. Están hartos, han perdido dinero, patrimonio y sus formas de vida”, explicaba el representante legal de los afectados. “Hemos convivido durante años con un ambiente tóxico. Hay emisión de metales que también se respiran, y hemos tenido que soportar el paso de camiones cargados de mierda y lixiviados hacia la depuradora con derrames sobre la calzada. Una situación insostenible y ningún partido político, jamás, se ha dignado a escucharnos”, concluía Jaume Chornet.
La de Pinedo es la principal estación depuradora de la Comunidad Valenciana, que da servicio a 1.200.000 habitantes del área metropolitana y de la zona Sur de la ciudad de Valencia. Sus instalaciones no son propiedad del Ayuntamiento de Valencia, pero sí que se ha realizado “un seguimiento continuado de la hoja de ruta tras la sentencia judicial a la espera de que la Generalitat concluya y presente el plan especial”, apuntaba Sarrià.
Este plan, que aportaría soluciones para paliar las molestias de los vecinos, todavía se encuentra en fase de elaboración, aunque desde la Conselleria ya barajan algunas opciones como proponer realojos o indemnizaciones porque el traslado de las instalaciones se considera imposible.
Las reivindicaciones de los afectados
El pasado domingo, 25 de noviembre, los vecinos votaban, por unanimidad, solicitar la ejecución de la sentencia para el cierre de la fase III de la depuradora de Pinedo. Tras la reunión del pasado viernes con el alcalde pedáneo, los vecinos afectados no recibieron “mucha información” sobre los planes municipales y se les remitió “al Plan Territorial de l’Horta, que se presentará esta semana”. Por eso, con 18 votos a favor, se acordó solicitar el cierre.El representante legal de los vecinos explicó que los afectados tenían dos reivindicaciones principales: que el terreno en el que viven se declare huerta protegida, y que se contemple una compensación económica por las molestias continuadas desde hace 40 años.