El Alcalde de Valencia, Joan Ribó, junto con el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ya lo han anunciado: Valencia saldrá del Plan de Ajuste, que “tanto nos ahogaba”, de manera anticipada. Con estas palabras, Ribó se ha mostrado satisfecho de la gestión económica que se ha realizado en estos últimos años, que ha permitido reducir deuda y, finalmente, poder salir de un plan, que estaba vigente hasta 2022, y que imposibilitaba a la ciudad la “realización de importantes inversiones; la creación de nuevos organismos públicos para agilizar la administración; fijar un objetivo de estabilidad presupuestaria, con un superávit de 90 millones de euros, frente al resto de entidades locales que solo tenían que estar en equilibrio; así como un sometimiento del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda con controles trimestrales que ni el propio Gobierno se aplica a si mismo. Por no hablar, de las amenazas serias que hemos tenido que sufrir como la de cerrar la EMT si no cumplíamos con el Plan de Ajuste”.
Desde que el nuevo Gobierno valenciano se puso al frente de la gestión, se ha ido reduciendo la deuda de manera progresiva. Tanto es así, que se ha pasado de una deuda del 135% de los presupuestos municipales en el año 2012 a un 53% en 2018. Una reducción considerable de la deuda que permitirá, en palabras de Ribó, “tener libertad a la hora de decidir si realizamos inversiones económicas en función de las necesidades de la ciudad. Hasta ahora, no podíamos invertir en dinamizar la economía, en mejorar los barrios… Pero la situación ha cambiado. En reiteradas ocasiones, hemos pedido al exministro Montoro que nos sacara del Plan de Ajuste, pero nunca ha querido. Por eso, se decidió activar un plan estratégico para amortizar la deuda pendiente. Durante estos tres años, la hemos ido reduciendo y, ahora, habrá que amortizar alrededor de 30 millones de euros”.
En este sentido, Vilar ha explicado que “acabaremos 2018, con una deuda de 446 millones de euros, un 52,7% respecto a los ingresos totales del último año liquidado. Así, en el Pleno, aprobaremos esos 29,6 millones de euros que quedan por pagar. Será en noviembre cuando serán hábiles y podremos efectuar el pago. Ahora, ya no vamos a pedir más veces que nos saquen del Plan de Ajuste, sencillamente, nos vamos”.
Pero, ¿Cómo se llegó a esta situación? El Real Decreto de 2012 aprobó un Plan de Ajuste para todas las administraciones que tenían “facturas en los cajones” a las que no podían hacer frente. El Ayuntamiento de Valencia tuvo que pedir un crédito en el ICO y, a cambio, entrar en ese plan. En 2014, un segundo Real Decreto contempló una “reválida” para aquellas administraciones que cumplieran con los pagos y la regla de gastos: “El PP suspendió”.
En este sentido, Ribó ha explicado que “en 2011, el PP del Ayuntamiento realiza la primera operación de financiamiento del pago a proveedores de 61,63 millones de euros. Pero la mitad de esos millones correspondían a gastos realizados sin crédito presupuestario, destinándose al pago de facturas que el PP tenía en el cajón y que nadie sabía de dónde salían. Esta operación no sanó la deuda con los proveedores. Se volvió a repetir una nueva operación a amortizar en 10 años por valor de 183,16 millones de euros. ¿El resultado? El Ayuntamiento transformó la deuda comercial de 244,79 millones de euros en deuda financiera. Así, en 2012, la deuda municipal llega a su máximo histórico: 1.046 millones de euros. El PP hipotecó a 10 años el futuro y el bienestar de Valencia”.
“Siempre se ha dicho que la derecha gestionaba bien la economía. Nosotros hemos demostrado que la gestionamos infinitamente mejor que ellos. Por no hablar que, durante todo el 2017, el periodo medio de pago a proveedores ha sido de 2,1 días. El anterior Gobierno valenciano ha hecho gala de un gran derroche de los recursos de la ciudadanía, acumulando deuda con los proveedores. Esta falta de responsabilidad continuó aprobando un Plan de Ajuste a 10 años. En solo tres años, hemos sacado a Valencia del agujero económico en la que estaba inmersa”. La prueba, la salida anticipada de este plan que deja de ahogar los recursos valencianos y que podrán ser destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.