València, junto a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz y Córdoba, han solicitado hoy al Gobierno central que garantice la protección «real» de las familias vulnerables en proceso de desahucio, y que incluya la regulación de los precios de alquiler y el derecho a tanteo de los inquilinos.
Los responsables de las políticas de vivienda de València, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz y Córdoba, se han reunido con la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, para exigir la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada por el Consejo de Ministros y que está pendiente de convalidación, incluya otras medidas complementarias al aumento de la duración mínima de los contratos de alquiler.
Entre las propuestas que plantean los representantes de los ayuntamientos destaca la habilitación de los municipios para que puedan regular y limitar los aumentos de precio de los alquileres: sistemas como los que ya funcionan en otras ciudades europeas con un mayor porcentaje de viviendas de alquiler. Es el caso de Berlín con el 85,93%; Ámsterdam con el 72% del mercado de alquiler; París, el 61,5%; o Londres, con el 42%.
Los representantes de los ayuntamientos han recordado a Helena Beunza que 10 millones de personas viven de alquiler en España. Actualmente, según los datos aportados, cuatro de cada diez familias que viven de alquiler deben dedicar más del 40% de sus ingresos a la vivienda. Se trata de un porcentaje 15 puntos por encima de la media europea que es del 28%.
En el caso de València, las ayudas al alquiler implantadas desde la Concejalía de Vivienda cumplen su tercera edición. El número de solicitudes para recibir esta prestación se ha duplicado hasta llegar a las 5.000. «Estas ayudas las pusimos en marcha hace tres años para que las personas beneficiarias paguen un alquiler justo y social. Con ellas, generamos el equivalente al parque de vivienda social del que carece la ciudad. A partir de enero se empezarán a abonar las cantidades a las personas beneficiarias de esta edición», ha explicado la concejala de Vivienda, María Oliver.
Otra de las demandas es que los Ayuntamientos puedan delimitar las áreas donde el mercado no cubre las necesidades de vivienda. También se han planteado otras reivindicaciones, como la creación de áreas de tanteo y retracto en España, la protección jurídica del arrendatario ante la compra de terceros y el aumento del presupuesto destinado a políticas de vivienda hasta situarlo en el 1,5% del PIB. Además, se han propuesto la modificación de la normativa para obligar a comunicar previamente a los servicios sociales de los diferentes municipios cualquier orden de desalojo de personas vulnerables (como ya ocurre a València, con los casos de desahucio por impago de hipoteca) y la garantía de que la propiedad del suelo de protección oficial sea siempre pública y no pase a manos privadas.