Así lo ha explicado el concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana, quien ha señalado que la puesta en marcha de esta medida ha permitido al consistorio poder recaudar la mayoría de las sanciones que se imponen en la ciudad de València, que son de personas de fuera: “todas las personas que viven o vienen a València han de respetar las normas de convivencia, y el Ayuntamiento las ha de hacer cumplir”.
Antes no se podían cobrar, ni se podía ejecutar el embargo de la cuenta bancaria si la persona multada la tenía domiciliada fuera de término municipal. El concejal Galiana ha manifestado que “se trata de una cuestión de equidad con los vecinos y vecinas de València, no tenía sentido que una persona de fuera de la ciudad pudiera venir a València, cometer infracciones y después no tener que pagar la sanción correspondiente".
“De esta forma, el Ayuntamiento de València dispone ahora de unos recursos que se pueden destinar a partidas tan importantes como los servicios sociales, la rehabilitación de nuestro patrimonio o la creación de nuevos jardines en los barrios o de vivienda pública en la ciudad”, ha detallado Galiana.
Galiana ha recordado que gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y la Generalitat “se ha podido solucionar un problema que ha estado guardado en un cajón muchos años", y ha añadido que “esta medida va en la línea de mejorar la gestión económica de València y trabajar de manera más eficaz y eficiente del que se hacía en el pasado".
En cuanto al 2018, la recaudación fue de 4.160.949 euros (por el acumulado de los años anteriores), mientras que el 2019 ha sido de 2.232.875 euros. Galiana ha recordado que actualmente las sanciones se pueden pagar también con tarjeta (TPV) vía Internet. Según ha explicado Galiana “nada más llegar al Gobierno municipal, ampliamos los sistemas de pago de las multas, facilitando los procesos y adaptándolos a las nuevas tecnologías, y se hizo accesible la información a cada ciudadano y ciudadana sobre las multas que se les han impuesto, la fase en que se encuentran o los datos concretos objeto de la sanción”.