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Valencia cobrará impuestos a los edificios lucrativos de la Iglesia apoyándose en la justicia europea

Se aplicará a los edificios que desarrollen actividades económicas lucrativas, como universidades o clínicas

Valencia cobrará impuestos a los edificios lucrativos de la Iglesia apoyándose en la justicia europea
21/06/2018 -

El Ayuntamiento de València empezará a cobrar este año impuestos a entidades religiosas y fundaciones, tanto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de Actividades Económicas (IAE), como el de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO). Con esta medida se verán afectados los edificios que desarrollan actividades económicas lucrativas y que sean propiedad de estas instituciones, entre las cuales se encuentra la Iglesia Católica.

Lo anunció ayer el concejal de Hacienda de Valencia, Ramón Vilar, en un desayuno informativo organizado por el grupo municipal del PSPV. Se trata de una de las propuestas del paquete de medidas que presentó la portavoz del grupo, Sandra Gómez, para lo que resta de legislatura hasta 2019.

Así pues, Vilar recalamará no solo el pago de impuestos de este año, sino también con efecto retroactivo hasta los últimos cuatro años, “porque lo deben”. Y lo hará sin que el Gobierno haya reformado la Ley de Mecenazgo estatal. Precisamente ayer el edil socialista contaba a este diario que esta norma permite que se vulnere la libre competencia porque hay entidades que se esconden tras ella para “eximirse del pago por alegar alguna creencia religiosa”.

Sin embargo el concejal de Hacienda explicó que, aunque la Ley de Mecenazgo no se haya reformado, la medida se sustentará en dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y otra del Tribunal Europeo sobre el cobro de impuestos por el Ayuntamiento de Getafe a una orden religiosa. Esta segunda instaba a España a modificar las exenciones fiscales a la Iglesia Católica “cuando realiza actividades económicas ajenas a las estrictamente religiosas”.

Ramón Vilar

La intención de Vilar es exactamente esa y ha aclarado que no intentará cobrar el IBI a centros de culto o de asistencia social, sino a otro tipo de edificios con ánimo de lucro. Algunos ejemplos son hospitales dependientes del Arzobispado o universidades privadas.

Hacienda abre la puerta a las demandas de los Ayuntamientos

Además de la reforma de la Ley de Mecenazgo, otros cambios que exigió Vilar ayer tenían que ver con la “flexibilización total” de la Regla de gasto y el Techo de gasto, y con la mayor libertad para utilizar los superávits de los consistorios. Sobre esos asuntos se pronunció ayer la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, quien anunció que pondrá en marcha un grupo de trabajo junto con ayuntamientos y comunidades para mejorar la forma de calcular la regla de gasto y para permitir una mayor utilización de los remanentes de tesorería acumulados por los consistorios. Esta última la calificó como una “demanda lógica” que servirá para “desarrollar servicios públicos” y se comprometió a revisarla.

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