El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves la elaboración de una estrategia integral para La Punta, que permita tener un diagnóstico participado de la situación en que se encuentra este pueblo de València. El acuerdo plenario ha sido respaldado por 31 de los 33 concejales de la Corporación, los grupos del Gobierno Municipal, Compromís y PSPV, así como los grupos Popular y Ciudadanos.
La decisión se ha tomado a raíz de una iniciativa del grupo municipal Ciudadanos, que ha planteado la necesidad de acometer esta estrategia «de manera conjunta y urgente». El Gobierno municipal ha subrayado, «atendiendo a la complejidad de la problemática particular de la Punta», la importancia de «valorar por parte del personal técnico de la Concejalía de Participación y Acción Vecinal la priorización de la elaboración de una estrategia integral» para la localidad. Tal como ha explicado la concejala de Pueblos de València, Lucía Beamud, «els Pobles del Sud han sufrido muchos años de abandono y menosprecio de los anteriores gobiernos municipales, y padecen una serie de problemas estructurales: la primera gran herida fue la V-30, y después, las numerosas infraestructuras que han ido dañando nuestro territorio, poco a poco en un trato cruel de años», ha afirmado.
Antes del debate han tomado la palabra Vicente Romeu y Salvador Ramos, representantes de la Asociación de Vecinos L’Unió de La Punta, quienes han denunciado las «carencias, abandono y ninguneo» que sufre el vecindario, y han reclamado políticas de movilidad, promoción económica, seguridad ciudadana y vial, bienestar social y limpieza, entre otras, para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los vecinos y vecinas de La Punta.
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Fernando Giner, ha señalado su respaldo absoluto a las reivindicaciones del vecindario, y ha defendido su propuesta con una serie de fotografías con las que ha ilustrado las deficiencias de la localidad, y ha reclamado del gobierno una «postura enérgica para solucionar los problemas de La Punta». El concejal popular Carlos Mundina ha insistido en la «urgencia» de las medidas a adoptar en una zona que, ha afirmado, «tiene una realidad muy diversa». El edil ha señalado que las estrategias participativas han de basarse en «la voluntad política de llevarlas a cabo, y que estén plasmadas en previsiones presupuestarias».
La concejala Beamud ha detallado las diferentes actuaciones acometidas en La Punta en los últimos años, y ha anunciado que el Gobierno Municipal va a «impulsar una mirada al sur», con medidas como la presentación a las subvenciones ARRU, «a las que nunca se habían presentado los pueblos», ha indicado. Por su parte, la concejala de Participación, Elisa Valía, ha adelantado la Estrategia de Participación que va a impulsar el Gobierno municipal en la localidad, como ya se ha efectuado en Benimaclet, Orriols o Morvedre. «Las carencias de La Punta son de hace muchos años», ha recordado Valía, quien ha señalado que el Plan de Participación se asentará sobre la Estrategia Urbana 2030, los planes Missions y la revisión PGOU, así como el acceso a los fondos previstos a disposición de los ayuntamientos, «que permitirán dar impulso a muchos barrios y pueblos».
LAS MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN
El Pleno Municipal ha aprobado también una propuesta de acuerdo en la que se detallan las pautas que prevé impulsar la Corporación para la recuperación económica y social, y las reclamaciones al Gobierno del Estado dirigidas a consolidar estas políticas de revitalización socioeconómica de la ciudad. El acuerdo ha sido aprobado como alternativa a las propuestas que habían planteado en la sesión los grupos políticos municipales Vox y Popular.El alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, han detallado las directrices del acuerdo, que se estructura en torno a cinco líneas de acción: «en primer lugar, poner en marcha con la mayor rapidez posible las medidas de ayuda a los sectores económicos valencianos -pymes autónomos comercios hostelería mercados etcétera- contemplados en el Proyecto de Presupuestos de 2021, empleando también recursos no finalistas a los que pueda acceder al Ayuntamiento durante 2021 para ayudar a los mencionados sectores económicos mientras dure la pandemia de coronavirus». La segunda medida es «la realización de un plan de choque en Bienestar Social con la finalidad de disminuir las listas de espera y eliminarlas lo más pronto posible, con el aumento de recursos contemplados en el Proyecto de Presupuestos de 2021 y con recursos no finalistas a los que puede acceder el Ayuntamiento durante 2021». Las siguientes propuestas se dirigen al Gobierno del Estado: «continuar reivindicando un fondo para sufragar las pérdidas a las empresas municipales de transporte ocasionadas por el coronavirus; un fondo extraordinario para ayudar a los ayuntamientos a sufragar los gastos ocasionados por la pandemia de covid 19; y solicitar ampliar el retraso del pago de los créditos ICO con la finalidad de facilitar la liquidez de las empresas».
En el caso de Vox, las propuestas planteadas inicialmente, que ha defendido el concejal Vicente Montañez, eran únicamente «exonerar la tasa de ocupación de vía pública para mesas y sillas para el ejercicio 2021, y también, y de manera inmediata, la tasa de recogida de basura para los comercios debidamente constituidos para los ejercicios 2020 y 2021». Tal como ha explicado Montáñez, está propuesta es «una enmienda en parte, a los Presupuestos 2021 aprobados hoy, y una moción de sentido común», ha afirmado. El alcalde, Joan Ribó, ha recordado que «no hay tasa de recogida de basura el Ayuntamiento de València; sino una tasa de tratamiento de residuos que es competencia de la entidad supramunicipal EMTRE (que ha previsto una reducción de entre el 15% y el 20% a las actividades económicas afectadas por la covid)».
Por su parte, el grupo Popular había presentado un amplio abanico de medidas tanto fiscales como económicas, así como otras dirigidas al Gobierno del Estado, que ha defendido la concejala Paula Llobet. Entre las propuestas fiscales, el PP ha planteado modificar las Ordenanzas Fiscales vigentes, bonificar el IBI (hasta un 50%) para inmuebles destinados «a las actividades más castigadas por la pandemia», y retrasar su cobro a finales de año; y bonificar también este impuesto (95%) a empresas que se instalen en la ciudad. En cuanto a las medidas sociales planteadas por los populares, pasan por el incremento de las ayudas directas a los sectores productivos y la eliminación de las listas de espera de atención social. Finalmente, la moción del grupo Popular ha planteado también dirigirse al Gobierno de España para «crear un Fondo extraordinario dotado con, al menos, 50,8 millones de euros del Fondo estatal de 3.000 millones para los ayuntamientos»; prologar los ERTE hasta el fin del estado de alarma; ampliar la carencia de pago de los créditos ICO; y aplazar el pago de impuestos hasta el fin del estado de alarma, entre otras. Llobet ha asegurado que «València ha aprobado hoy el Presupuesto de la pobreza», y ha acusado al Gobierno municipal de «estar fuera de la realidad, y no haber sido capaces de cumplir con el Acuerdo de reconstrucción».
El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido la moción alternativa del Gobierno municipal, «que está profundamente vinculada al proyecto de Presupuestos que hemos aprobado, así como al documento firmado de manera previa a la sesión plenaria con el grupo Ciudadanos. Ribó ha criticado las medidas propuestas por Vox y PP porque plantean medidas contrarias: «no se puede soplar y sorber a la vez», ha señalado, «no se puede reclamar ayudas y, a la vez, bajar los impuestos». El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha confirmado esta argumentación, señalando que «es imposible que quepan tantas propuestas si no crece el presupuesto». Sanjuán ha concluido pidiendo al grupo popular «prudencia y respeto». La propuesta alternativa del Gobierno ha sido aprobada con el apoyo de los grupos del Gobierno, mientras que Vox ha votado en contra, y PP y Ciudadanos se han abstenido.