El Pleno ha aprobado provisionalmente las modificaciones de las ordenanzas fiscales que permitirán reducir hasta un 50 % el Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI) y hasta un 95 % el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las viviendas que instalen placas fotovoltaicas, así como una rebaja en la tasa de alcantarillado a las empresas afectadas por la pandemia. Los acuerdos se han adoptado con el apoyo de Compromís, PSPV-PSOE y Ciudadanos, mientras que Partido Popular y Vox se han abstenido. El órgano colegiado también ha acordado de forma definitiva el Reglamento orgánico de gobierno y administración del Ayuntamiento, con los votos a favor del equipo de gobierno y populares y la abstención de Ciudadanos y Vox. Como medida preventiva ante la covid, 20 de los 33 concejales y concejalas han participado por videoconferencia y se ha tenido que repetir la votación de algunos puntos del orden del día para confirmar el sentido del voto digital.
En la primera sesión plenaria ordinaria de 2021 se ha dado un nuevo impulso a las conocidas como bonificaciones verdes al aprobarse provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para favorecer la implantación de sistemas de energías renovables. Así, las viviendas de edificios residenciales que instalen placas para obtener electricidad a partir de radiaciones solares tendrán derecho a una bonificación del 50 % en el IBI durante un máximo de diez años hasta llegar al 20 % del coste de esta instalación, y en función del valor catastral. También podrán acogerse a bonificaciones del 95 % sobre la cuota del ICIO que se abona por la ejecución de sistemas para el aprovechamiento de la energía solar.
Junto a las novedades en el IBI y el ICIO, la corporación ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, colectores y estaciones de bombeo. El documento adoptado incorpora una rebaja de la tasa de alcantarillado a los tramos de consumo más alto, que son los que corresponden a las actividades económicas, con el objetivo de beneficiar las empresas afectadas por las restricciones por la covid. Estos acuerdos han salido adelante con el aval de los representantes de Compromís, PSPV-PSOE y Ciudadanos, y la abstención de los grupos Popular y Vox.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha celebrado "el IBI verde" y ha recordado que estas modificaciones fiscales eran uno de sus requisitos para apoyar los presupuestos de 2021. Ahora bien, "no creemos que sea suficiente, es importante que las ayudas a autónomos y pymes lleguen y lleguen más". Para la portavoz popular, María José Catalá, estas medidas son "irrisorias e insignificantes". "Ustedes creen que resuelve el problema de los hosteleros ahorrarles 12 céntimos por metro cúbico de agua o que se les haga una bonificación para poner una placa solar?", ha preguntado. El titular de Hacienda, Borja Sanjuán, ha contestado que a las bonificaciones verdes y la rebaja de la tasa de alcantarillado se suman las ayudas directas. "Somos la ciudad de España que más recursos está poniendo encima de la mesa en estos momentos para ayudar los sectores afectados" por la pandemia, ha asegurado. "Nos comprometimos a movilizar 15 millones de euros en 2021 y solo con el Plan Resiste, en enero, ya doblamos esta cantidad".
El plenario ha dado cuenta de sentencias desestimatorias de recursos interpuestos por el grupo Popular relativas a la "revocación judicial de varios impuestos y tasas", según ha explicado la regidora del Partido Popular María José Ferrer Sansegundo. Su grupo no continuará litigando por "la viabilidad jurídica del coste económico", pero "continuaremos intentando por otras vías paralizar el sablazo fiscal del gobierno municipal". El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, le ha replicado que "no querría pensar que el motivo para dejar de recurrir es que les han condenado a pagar 1.500 euros. Si están convencidos de que se ha hecho una irregularidad, vaya hasta el final, y si su convencimiento va a costar 1.500 euros, ahórrenos tiempo y dinero".
REGLAMENTO ORGÁNICO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Después de resolver las reclamaciones presentadas, el Pleno ha aprobado definitivamente el Reglamento orgánico de gobierno y administración del Ayuntamiento de València. El anterior era de 2006 y, a pesar de que sufrió dos modificaciones parciales en 2017, llevaba vigente casi 14 años y debía adecuarse a las nuevas necesidades de la organización y el funcionamiento municipales y a las nuevas leyes de regulación de la administración y el sector público. La norma reglamentaria ha recibido el aval del equipo de gobierno (Compromís y PSPV-PSOE) y Partido Popular, mientras que Ciudadanos y Vox han hecho constar su abstención.La regidora del PP María José Ferrer Sansegundo se ha felicitado porque se ha incorporado su propuesta a la redacción final, de manera que toda documentación, escrito e iniciativa se tiene que emitir o responder de forma preferentemente bilingüe si los medios lo permiten y, en cualquier caso, en la misma lengua oficial en que se ha dirigido la persona interesada, sin que se le pueda obligar a instarlo o solicitarlo expresamente. El alcalde, Joan Ribó, ha comentado que se ha aceptado la enmienda del Partido Popular porque está fundamentada en sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo y de esta forma se garantizan mejor los derechos lingüísticos de la ciudadanía. El primer edil se ha referido también al artículo 4 del Reglamento de uso del valenciano del Ayuntamiento, publicado en mayo de 2005 y aprobado "muchos años antes, entre otros por su partido", según el cual todos los acuerdos que adopte el consistorio se redactarán preferentemente en valenciano. "Respecto al cumplimiento de este artículo queda mucho por hacer", ha dicho Ribó, quien ha expresado "la voluntad de normalizar el valenciano". "El valenciano es muy minoritario en su uso normal y queremos potenciarlo como elemento fundamental de nuestra personalidad", porque "qué es más normal que hablar valenciano en València?"
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE DE VIVIENDAS
En materia de vivienda, se ha aceptado el convenio con la Conselleria de Vivienda para la cesión al Ayuntamiento de los derechos de tanteo y retracto. A partir de ahora el consistorio podrá ejercer esta competencia por delegación de la Generalitat, la cual permitirá ampliar el parque de vivienda social de la ciudad. La propuesta ha recibido los votos a favor del gobierno municipal (Compromís y PSPV) y los votos en contra del Partido Popular, mientras que Ciudadanos y Vox se han abstenido.El regidor de Ciudadanos Narciso Estellés, quien ha intervenido por videoconferencia, ha calificado de "muy loable" la finalidad del convenio, pero "no la forma", puesto que es un decreto y no una ley la norma que posibilita ceder la competencia a los municipios. En la misma línea se ha manifestado el edil del PP Juan Giner. "No se trata del qué, sino del cómo", ha indicado en referencia a "un decreto que ha tenido que ser rectificado 33 veces en menos de cinco meses". Para la responsable de Vivienda, Isabel Lozano, "no hay ningún motivo argumentado cuando estamos hablando de dotarnos de un instrumento para que la vivienda deje de ser un bien de especulación y pase a ser un derecho fundamental" teniendo en cuenta que "hay un déficit histórico de vivienda social y asequible en la ciudad de València".
DECLARACIÓN DE ENCLAVE DE RECUPERACIÓN DE HUERTA
El Ayuntamiento solicitará a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad la declaración de enclave de recuperación de huerta para la regeneración de una parcela en la avenida Jesús Morante Borràs número 247, en el pueblo de la Punta. La decisión se ha adoptado con el apoyo de Compromís, PSOE y Ciudadanos y la abstención de PP y Vox.Por otro lado, se ha aprobado el convenio para la conservación del Molino de la Torre y la reordenación de los terrenos del entorno. El acuerdo, que requería mayoría absoluta, ha prosperado con el apoyo de Compromís y PSPV, Vox se ha abstenido y los grupos Popular y Ciudadanos se han negado a votar después de que se tuviera que repetir la votación cuatro veces por problemas con las intervenciones a distancia. Hay que recordar que como medida preventiva ante la covid-19, solo 13 regidores y regidoras han estado presentes en el hemiciclo y los 20 restantes han participado por videoconfèrencia. La portavoz del grupo Popular, María José Catalá, ha hablado de "cacicada", y el portavoz del grupo Vox, José Gosálbez, ha pedido explicaciones sobre la "legalidad" de la repetición de la votación. La vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, ha manifestado que se ha producido "un malentendido por un problema con un sistema que estamos utilizando por primera vez" y el portavoz de Compromís, Carlos Galiana, ha asegurado que "más allá del problema técnico, la votación se ha producido y con mayoría absoluta". El alcalde, Joan Ribó, ha aclarado a todos los miembros de la corporación que "la medida de los votos emitidos será exclusivamente por voto digital y no con mano levantada".
Asimismo, el plenario ha aprobado definitivamente la modificación puntual de la ordenación detallada del Plan General de Ordenación Urbana sobre usos permitidos en piezas habitables bajo rasante, con los votos a favor de Compromís y PSPV y la abstención de la oposición.