La Corporación Municipal ha aprobado hoy una moción en defensa «del cumplimiento de los Derechos Humanos, así como de activar proyectos que mejoren la gestión y respuesta a las necesidades básicas de las personas migrantes, cuya burocracia se ha visto afectada por la situación de pandemia»». Asimismo, el acuerdo plenario prevé «desarrollar e implementar la gestión de las políticas públicas municipales respecto a las personas migradas, basadas en una perspectiva de igualdad de derechos, de inclusión y de convivencia, apoyadas en un desarrollo sostenible».
31 de los 33 concejales que integran el Pleno Municipal han dado su respaldo a la propuesta de acuerdo que ha presentado la concejala de Cooperación y Migración, Maite Ibáñez, en el marco de la celebración del Día Internacional de los derechos Humanos, 10 de diciembre, y del aniversario de su aprobación por Naciones Unidas., El texto aprobado ratifica «el apoyo y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante políticas públicas destinadas a promover, proteger y garantizar su desarrollo». El acuerdo subraya que «para recuperarnos de la crisis, también debemos afrontar la pandemia de la desigualdad y de la indiferencia».
Tal como ha señalado la concejala Ibáñez, la propuesta señala el compromiso de trabajar desde la voluntad de «protección de la labor de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos, tal y como estamos realizando en los programas impulsados desde la concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración». Mediante este acuerdo, el Pleno «insta a las administraciones públicas a cumplir los acuerdos registrados en el Pacto Mundial para llevar a cabo una migración segura, ordenada y regular», y a «activar medidas y proyectos de sensibilización, de participación y solidaridad que permitan establecer una convivencia libre de prejuicios xenófobos que vulneren los derechos de las personas migrantes, para construir una vida digna, sin miserias ni temor».
Las dos últimas propuestas aprobadas implican «el desarrollo de programas de apoyo a las personas que ven conculcados sus derechos y sometidos a discriminación o al discurso de odio; recursos o servicios como la oficina de no discriminación de València (ONDIS) y el Observatorio Municipal contra la Discriminación y el Odio» y el impulso «al Plan de Convivencia Municipal de València contra la Discriminación y el Odio, que está elaborándose con la participación directa de toda la ciudadanía, y que incorporará objetivos y acciones a alcanzar en pro de los derechos humanos efectivos para todas las personas que habitan el municipio, sea cual sea su contexto y situación».Tanto PP como Ciudadanos han respaldado la propuesta, pero han matizado que «hay que señalar las violaciones de los derechos humanos en numerosos países en los que no hay regímenes democráticos ni elecciones libres», en palabras del concejal de Ciudadanos Juan Copoví, quien ha citado expresamente «el caso de Venezuela»; mientras que la concejala del PP Julia Climent, ha instado a defender los derechos humanos, pero, ha indicado, «esta lucha empieza en nuestra propia casa». Por su parte, el portavoz de Vox, José Gosálbez, ha rechazado prestar su apoyo a la moción, que ha tildado de «hipócrita porque –ha argumentado- los miembros de esta Corporación defienden una cosa y su contraria: acaban de aprobar la Ley de la eutanasia, y vienen aquí a defender los derechos humanos y el derecho a la vida».
USO DE CHALECO REFLECTANTE Y SEGURO OBLIGATORIO
Durante el debate, el Pleno del Ayuntamiento ha rechazado la moción presentada por Vox, que pedía la obligatoriedad del uso de chaleco reflectante y de subscripción de un seguro de responsabilidad civil para los conductores de patinetes. El concejal que ha propuesto la iniciativa, José Gosálbez, ha dicho que "era una moción para hacer más segura esta forma de transporte en la ciudad". El concejal de Vox ha recordado los 268 accidentes de patinete que, según ha dicho, se han producido en la ciudad en 2020 y ha afirmado que "estos siniestros se podrían haber evitado con estas medidas".El concejal de Ciudadanos, Narciso Estellés, ha criticado las "deficiencias de la ordenanza de movilidad de València y de la laxitud sancionadora encubierta" que, a su juicio, presenta. Estellés ha anunciado el voto afirmativo de su grupo a la propuesta de Vox.
El concejal del Partido Popular, Carlos Mundina, ha avanzado la abstención de su grupo por considerar que "aunque comparte el espíritu de la moción, la legislación estatal no considera obligatorio ni el uso de prendas reflectantes ni el seguro civil". Mundina ha afirmado también que "tiene dudas de que algunas de algunas de las propuestas presentadas contribuyan a mejorar la seguridad como sí lo haría la reducción de la velocidad en las calles".
El equipo de gobierno ha rechazado la moción. El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha afirmado que "si cambia la legislación estatal, nosotros la trasladaremos a la ordenanza pero, a día de hoy, no es obligatorio ni el uso de chaleco reflectante ni la subscripción de un seguro de responsabilidad civil". Grezzi considera que "las propuestas de Vox sólo buscan desgastar al gobierno municipal y, por eso, no las podemos apoyar".
EL SECTOR PÚBLICO LOCAL
El Pleno del Ayuntamiento también ha rechazado con los votos del equipo de gobierno una moción del Partido Popular sobre las auditorías realizadas en las empresas y fundaciones públicas municipales. La concejala del PP, María José Ferrer, ha afirmado que el informe de intervención detecta "debilidades, deficiencias e irregularidades en la gestión de estas empresas". Ferrer se ha preguntado "por qué seguimos manteniendo unas entidades que no cumplen los objetivos y que están en causa de disolución".El edil de Ciudadanos, Rafael Pardo, ha criticado "el abuso del contrato menor, el fraccionamiento de contratos y las contrataciones de directivos al margen de los criterios de mérito y capacidad". En este sentido, Pardo ha añadido que "ninguna de las contrataciones de trabajadores se ha producido respetando la relación de puestos de trabajo aprobados".
Por parte de Vox, el concejal Vicente Montañez ha solicitado una comisión de investigación porque "la intervención ha detectado gravísimas irregularidades en las empresas públicas y porque rescatar personas no es contratar a dedo ni colocar amigos".
El equipo de gobierno ha respondido a través del concejal de Hacienda, Borja Sanjuán. Sanjuán ha dicho que "las auditorías de las empresas las solicitó el equipo de gobierno porque, antes, no se hacían y lo que queremos es mejorar los procedimientos del sector público local". Sanjuán ha afirmado que "queremos tener un sector público local fuerte y no hay ningún misterio en los informes de intervención. Sólo se está llevando a cabo un plan de armonización".