El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso interpuesto por diversas patronales educativas contra la orden de la Conselleria de Educación y dos resoluciones que permiten tener aulas de 2 años gratuitas en las 'escoletes' municipales.
En concreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ valenciano ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, Escuelas Católicas Comunitat Valenciana y la Asociación de Centros autónomos de Enseñanza(Acade) contra la Orden 19/2018 de la Conselleria de Educación por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas económicas destinadas a la escolarización en los centros autorizados de Educación Infantil y escuelas municipales de primer ciclo.
Se amplió también a la resolución de 17 de octubre de 2018 de la Dirección General de Centros y Personal Docente por la que se resuelve la convocatoria de tales ayudas económicas para el curso escolar 2018-2019 y a la resolución de 11 de junio de 2019 del conseller de Educación por las que se convocan ayudas para el curso escolar 2019-2020.
Las entidades demandantes argumentaban para solicitar la anulación de la orden que constituía una "evidente discriminación" de los alumnos de centros de educación infantil privados respecto de los municipales; que la normativa se había aprobado omitiendo "intencionadamente" el proceso de comunicación previsto; que existe una "ilegalidad" de la concesión directa de subvenciones a las escuelas infantiles municipales para alumnado de 2-3 años y que se había incurrido en "desviación de poder" por el "intento de la Conselleria de extender la enseñanza pública gratuita al nivel 2-3 años al margen del sistema educativo, precisamente mediante la ilegal regulación de estas ayudas".
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat sostenía que la orden y las convocatorias impugnadas se ajustan "plenamente a derecho", señalaba que el nivel educativo del que se trata en el procedimiento "no es básico, ni obligatorio ni gratuito" y negaba que se dé un trato desigual.
En su sentencia --adelantada por 'Las Provincias' y consultada por Europa Press--, la sala rechaza las pretensiones de las asociaciones demandantes. En cuanto a la supuesta discriminación, los jueces no comparten esta consideración "a la luz y tomando en consideración" sentencias del Tribunal Constitucional "porque no se advierte discriminación sin razonabilidad para el trato diferencial".
"No estamos ante una regulación discriminatoria por imponer condiciones distintas para la autorización de los centros de educación infantil según fueren de titularidad privada o se tratara de escuelas infantiles municipales y tampoco se fijan de modo diferenciado características constructivas de los locales, ratio máxima de alumnos por aula etc. La diferenciación en el montante de las ayudas al alumnado en el ciclo de educación infantil, no obligatoria, en nuestro caso atinente al segundo tramo de edad dentro del primer ciclo de educación infantil --podría haberlo sido en todo el ciclo-- obedece a una razón indudablemente objetiva, la de recibir la educación en escuelas infantiles municipales o en otros centros autorizados. No se puede negar razonabilidad a tal diferenciación", razona la resolución judicial.
En otra parte de la sentencia, la sala apunta que si bien la orden recurrida determina que las escuelas infantiles son beneficiarias directas de las ayudas en el primer tramo de edad, "tal determinación se ve matizada sustancialmente acto seguido en el propio artículo 27 recogiendo literalmente: 'No obstante, el destinatario final de estas ayudas será el alumnado matriculado en la escuela municipal'".
"NO SE ELIGEN CAPRICHOSAMENTE"
"En fin, --prosigue-- aunque ciertamente no exista establecido baremo para asignar esas ayudas en contraste con lo que ocurre para el primer tramo de edad infantil, los beneficiarios finales no se eligen caprichosamente, ya que no deja de haber una selección de los destinatarios con arreglo a reglas objetivas, en la medida que el proceso de admisión en las escuelas infantiles municipales --tanto de gestión directa como indirecta-- queda sujeto a las disposiciones administrativas de rigor, Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell; nos lo dice el art. 27.24 de la Orden 19/2018".Finalmente, la sala hace notar que a pesar del cambio de sistema "los alumnos de los centros privados autorizados no han visto reducido el importe asignado individualmente de sus ayudas, ya que se ha mantenido la misma ayuda para los diferentes tramos de renta y edad". Por todo ello, la sentencia --de fecha 13 de enero y contra la que cabe recurso-- desestima el recurso e impone costas en la suma máxima de 2.000 euros.
VALORACIÓN CONSELLERIA
Por su parte, tras conocer la resolución, la Conselleria de Educación ha valorado que "con este fallo del tribunal se cierre la judicialización de una medida educativa que promueve la igualdad de oportunidades al garantizar que en todas las escuelas de 0-3 municipales las aulas de 2 años sean gratuitas".Fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà subrayan, en declaraciones a Europa Press, que "gracias a medidas como esta, la Comunitat Valenciana es la única autonomía del Estado en la que ha aumentado la escolarización 0-3 años".
"Gracias a la provisión de aulas gratuitas de 2 años, --prosiguen-- desde hace varios cursos, muchas familias valencianas que económicamente no podían cubrir el gasto de llevar a sus hijos e hijas a este tramo de enseñanza no obligatoria, ya lo pueden hacer. Esto, junto al aumento progresivo de las ayudas de Bono Infantil en todo el tramo 0-3 ha facilitado que muchas familias, independientemente de su situación económica, accedan a este servicio público educativo".
Por último, recuerdan que este curso hay más de 46.000 niños y niñas escolarizados en el tramo 0-3, "una subida de más de 8.000 alumnos desde que gobierna el Botànic". En concreto, hay 772 aulas de dos años gratuitas para más de 15.000 alumnos.