La presunta trama que gira en torno al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, conocida como caso Erial, destinó un total de 2,2 millones de euros para pagar el alquiler de una vivienda en València al 'expresident' y comprar una casa en la localidad de Mahón, entre otras operaciones. El dinero se ingresó desde Suiza a una cuenta del yerno de Zaplana desde la que se hicieron las operaciones.
Así se desprende de un informe de la Guardia Civil incorporado al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 8 de València, órgano que investiga presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano, a empresas vinculadas con la familia Cotino, y por los que el expresidente de la Generalitat está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
Junto a él, también figuran como investigados, el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino; sus sobrinos, los empresarios Vicente y José Cotino; la hija de Zaplana, María; y su yerno, el empresario Luis Iglesias.
La jueza se ha interesado durante la investigación por 2,2 millones de euros que se ingresaron a una cuenta del yerno de Zaplana en diciembre de 2015 --en 2018 la titularidad se amplió a su pareja-- y provenían de Suiza, coincidiendo en el tiempo con el momento en que el exministro tuvo que ser intervenido de una enfermedad grave y debía quedarse a vivir en València en una casa que reuniese unas condiciones "concretas".
Al respecto, la Guardia Civil, en un informe al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que esa cantidad de dinero se destinó a inmuebles. El primero, una vivienda alquilada en la calle Pascual y Genís de València en 2015, pagada por el yerno, pero utilizada por el propio Zaplana.
Fue la hija del exministro la que suscribió el contrato de alquiler, unos días después de que operasen a su padre, y se estipulaba una contraprestación económica de 42.000 euros al año. A los investigadores les resulta "llamativo" que fuera el yerno el que pagase el arrendamiento, cuando Zaplana habría recibido percepciones por importe total de 723.913 euros en 2015 y 727.011 en 2016 en atención a sus rendimientos de trabajos y actividades económicas. Por su parte, su esposa percibió también 96.155 euros en 2015 y otros 99.624 en 2016.
Al respecto, el fiscal advierte en un escrito que estos hechos han determinado una operativa inmobiliaria "extraña, sospechosa y carente del más mínimo rigor, realizada por una empresa importante que se dedica al negocio inmobiliario en toda España".
En este sentido, incide: "El contrato de arrendamiento lo suscribe una persona que no es el propietario del piso; no es firmado en unidad de acto entre el arrendador no propietario y el arrendatario; el arrendatario que se hace pasar por dueño no reside en la vivienda y tiene suscrito un contrato donde se le prohíbe el subarriendo; y no existe dato en la empresa de comprobación de titularidad de la vivienda, ni cargo de la misma en dicha inmobiliaria". También advierte de que la persona que se irroga la condición de propietario está investigado por blanqueo de capitales y fraude fiscal en otro procedimiento.
Por estos motivos, el fiscal de Anticorrupción pidió una comisión rogatoria a las autoridades suizas por los delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil, y la jueza la autorizó y la tramitó.
VIVIENDA DE MAHÓN
El informe de la Guardia Civil recoge, así mismo, la operación de la compra de una vivienda en la localidad de Mahón y advierte de que se adquirió casi un mes después de que el yerno de Zaplana y la hija comparecieran ante notario para modificar su régimen matrimonial a bienes gananciales. Años antes se había declarado el de separación de bienes también a través de escritura notarial.En abril de 2017 se escrituró la compra del inmueble y aparecía como comprador el yerno del exministro, que se identificó casado con María Zaplana en régimen de gananciales. El precio se estipuló en 1.250.000 euros y la mayoría del importe, 1.125.000, se abonaron desde la cuenta que había recibido dinero de Suiza. El resto, 125.000 euros, llegaron mediante transferencias bancarias desde una cuenta de origen establecida supuestamente en Alemania.
"Llama la atención que tanto Luis Iglesias como María Zaplana, durante sus declaraciones policiales, manifestaran que su régimen económico matrimonial era el de separación de bienes", indica la UCO, que añade declaraciones de los investigados al respecto, corroborando que se casaron en 2013 y que después firmaron la capitulación de separación de bienes.
OTROS 1,8 MILLONES
A la Guardia Civil le llama la atención la "coincidencia" en el tiempo en el que se ingresaron los 2,2 millones de euros a una cuenta del yerno de Zaplana y otro ingreso, el mismo día, por importe de 1,8 millones de euros, procedente de Suiza, realizado por el fiduciario de Zaplana Fernando Belhot a una de sus cuentas.En relación a estos fondos, Belhot manifestó, entre otras cuestiones, que el dinero iba a utilizarse en una inversión en el Puerto de Altea y que estas cantidades pertenecían a Eduardo Zaplana: "Ingreso en el banco 1.800.000 euros (...) Y es el dinero que está bloqueado allí en Madrid". La inversión en Altea finalmente no se llevó a cabo porque otro grupo inversor pagó más por los activos a la venta.