Un total de 258.268 trabajadores y 18.395 autónomos de la Comunitat Valenciana han recibido algún tipo de prestación social en el último mes. Además, según constatan los últimos datos remitidos a la Delegación del Gobierno, desde el inicio de la crisis, 191.256 autónomos han recibido prestaciones.
De ellas, 172.591 corresponden a las extraordinarias por cese de actividad vigente hasta el 30 de junio. Desde esta fecha hasta el 31 de octubre, un total de 18.935 autónomos han recibido alguna prestación compatible con la actividad, incluyendo los autónomos de temporada, ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Por otra parte, el 86% de las personas trabajadoras en la Comunitat afectadas por un ERTE desde el inicio de la pandemia se han incorporado al mercado laboral. De este modo, de los 394.634 afectados a 30 de abril, el peor momento de la crisis en el conjunto de España, quedan 47.545 trabajadores en ERTE a 31 de octubre. Estos datos no incluyen la figura de ERTE del RD 30/2020 de 30 de septiembre de 2020.
Igualmente, en septiembre, un total de 258.268 trabajadores valencianos percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE, por un importe total de 264,6 millones de euros. De ellos, 106.844 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de 55,6 millones de euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 2.394 millones de euros, de los cuales 921,8 corresponden a ERTES, 1.370,7 millones más que en el mismo periodo que el año pasado.
En cuanto a los avales ICO, a 31 de octubre, en la Comunitat Valenciana se han aprobado 93.547 operaciones, que afectan a 59.298 empresas, por un importe avalado de 8.296 millones de euros, un 10,3% del total y una financiación total de 10.762 millones.
La autonomía valenciana ya ha recibido un total de 663,8 millones de euros procedentes de los fondos Covid-19, no reembolsables y "siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia". Igualmente, a la Comunitat Valenciana le corresponden 30 millones de euros del Fondo Social extraordinario, un 10% del total, para minimizar el impacto social de la crisis.
Con estos fondos, la autonomía ha dispuesto de 2,3 millones de becas comedor y se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021. Además, podrá destinar a gasto sanitario 203 millones de euros de los Fondos Feder, un 6,4% del total nacional.