La tercera sesión de la comisión de Reconstrucción se ha dedicado a la garantía de los derechos sociales

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La Comisión municipal no permanente para la Reconstrucción de la ciudad tras la pandemia de Covid-19 se ha reunido esta mañana por tercera vez. En esta ocasión, la sesión ha estado dedicada a la vertiente social de la reconstrucción: equidad y garantía de los derechos sociales, y ha contado con las aportaciones y propuestas de seis personas expertas en el campo de la promoción social. Como en las ocasiones anteriores, la sesión se prolongará esta tarde con el testimonio de representantes de asociaciones y entidades de la sociedad civil.

Antes del inicio de la sesión, el alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado que la reunión de hoy "es la más importante de todas las que integran la Comisión porque en este momento hay miles y miles de personas que se han quedado sin trabajo, que viven en condiciones precarias, y que incluso sufren problemas de acceso a la alimentación; y es a ellas a quienes hemos de ayudar desde el Ayuntamiento". Por tanto, ha continuado el primer edil, "el rescatar personas hoy cobra toda su dimensión: queremos tener una visión amplia de la situación real y de las necesidades que en estos momentos presenta la ciudad de València en este ámbito para poder resolver las carencias y satisfacer las necesidades".

La sesión de expertos de esta tercera reunión de la Comisión municipal no permanente para la reconstrucción de la ciudad ha contado con las intervenciones de Adela Cortina, catedrática de Ética Política de la Universidad de València; Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de València; Omar Cauli, director de la Cátedra de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo de la Universidad de València; Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD; Luis Vañó, presidente de la Plataforma del Sector Terciario de la Comunidad Valenciana; y Guadalupe Ferrer, directora gerente de Casa Caridad.

ADELA CORTINA

La sesión ha comenzado con la intervención de la catedrática de Ética Política de la Universidad de València, Adela Cortina, quien ha instado a los representantes políticos a ofrecer a la sociedad "razones fundadas para la esperanza", puesto que, ha asegurado, "el principal activo de cualquier sociedad, de cualquier ciudad, es precisamente la confianza". Lamentablemente, ha señalado, en estos momentos, en nuestro país "se observa una falta de confianza muy grande que hay que recuperar porque si no, ni funciona la ciudad ni la sociedad en general. Y ello se logra cuando el funcionamiento se basa sobre la justicia".

De hecho, ha asegurado la catedrática, "la justicia es, precisamente, la labor de la acción política", por lo que ha defendido la necesidad de "aparcar el combate de las ideologías (que genera crispación, y produce desconfianza generalizada y falta de credibilidad de las instituciones) y caminar hacia la cohesión social". Y para ello, ha afirmado, son necesarios unos mínimos a compartir: "los componentes de la democracia liberal-social, que es la que se compromete a respetar los derechos, en principio los civiles y los políticos, pero también los derechos económicos, los derechos sociales, los culturales, el derecho al medio ambiente sano, y el derecho al desarrollo de sus habitantes sea cual sea su forma de pertenencia a la ciudad, es decir, no únicamente pertenencia mediante la ciudadanía, que es la forma plena, sino respetando los derechos de todos los colectivos que están insertados en la ciudad, especialmente el colectivo inmigrante, que es clave desde una perspectiva ética", ha explicado.

A efectos prácticos, la acción política en estos momentos, ha propuesto la experta, "ha de dirigirse fundamentalmente a reforzar el núcleo de cohesión social: unirse en la defensa de los derechos sociales". "Palpar la pobreza como lo estamos haciendo actualmente nos obliga a reforzar la cohesión social teniendo como meta la Pobreza Cero", ha afirmado, y asimismo ha subrayado la necesidad imperiosa de impulsar alianzas: "son tiempos de unir el poder político, el poder económico y el poder ciudadano; hay que impulsar códigos de ética, defensoría del pueblo, auditorías internas, transparencia y gobernabilidad abierta desde valores como la transparencia, honestidad, rendición de cuentas, eliminación de la corrupción, de la incompetencia, de la mentira, y acabar con los conflictos de intereses y el abuso de poder; y trabajar con las asociaciones solidarias que en esta crisis han sido fundamentales".

JOAN ROMERO

El catedrático de Geografía Humana de la Universidad de València, Joan Romero, ha intervenido en segundo lugar, y ha expuesto ante la Comisión su convencimiento de que "la escala local será determinante en los próximos años". Romero ha centrado su ponencia en la necesidad de que los trabajos que se deriven de las sesiones de esta Comisión estén basados en el acuerdo. "Esta Comisión tendrá éxito si hay voluntad de acuerdo entre los grupos políticos que la integran; y si dichos grupos son capaces, además, de acordar unos ejes de actuación para, al menos, dos o tres legislaturas", ha afirmado. El profesor ha señalado que "a diferencia de la escala estatal, en los ámbitos local y regional sí se dan las condiciones para alcanzar unas bases de acuerdo transitables. La democracia es conflicto, es deliberación y es acuerdo –ha añadido- pero en circunstancias excepcionales como ésta ha de prevalecer el diálogo y el acuerdo", ya que, ha subrayado, "la polarización puede tener consecuencias imprevisibles".

En segundo lugar, Joan Romero ha instado a los representantes políticos a tener "una visión estratégica, puesto que el ciclo político –ha recordado- solo tiene 48 meses, por lo que han de ser capaces de encontrar ejes que se mantengan más allá de los cambios de gobierno". En este sentido, ha defendido el concepto de ‘gobernanza’, que supone que "distintos niveles de gobierno, junto a los actores públicos y privados, encuentren cauces de deliberación para alcanzar acuerdos". El experto ha señalado modelos como los Marcos Plurianuales de Grandes Ejes de la Comisión Europea, y ha manifestado su "esperanza de que en València y en la Comunidad Valenciana puedan encontrarse caminos transitables".

La última parte de su discurso la ha dedicado a concretar algunas pautas concretas de mejora social. Partiendo de la base de que "el empleo decente es la mejor política social que existe", Romero ha instado a actuar de manera inmediata en la mejora del modelo salarial, actuar sobre los efectos emocionales de la pandemia (pacificar emociones, ofrecer seguridades para el futuro, acompañar en el duelo…), mejorar los sistemas de información y seguimiento sobre la realidad social, equipar mejor los servicios sociales y de salud pública, otorgar una atención especial a la juventud (empleo, acceso a la vivienda…), cambiar el modelo de atención a las personas mayores, e impulsar una visión metropolitana, especialmente en los ámbitos relacionados con la política social, "y ha de ser València quien puede liderar este proceso", ha finalizado.

OMAR CAULI

Omar Cauli, director de la Cátedra de Envejecimiento Saludable, Activo y Participativo de la Universidad de València, ha centrado su intervención en las políticas y líneas de acción encaminadas a la atención a las personas mayores, uno de los colectivos más directamente afectados por la enfermedad COVID-19. Tal como ha asegurado el profesor Cauli, "es necesario un plan de reconstrucción porque la pandemia ha cambiado nuestra vida para siempre, y no sólo entre los ancianos, aunque hayan tenido una incidencia especial, sino en todas las franjas de edad".

El experto en Envejecimiento Activo ha asegurado que "la ayuda social en el caso de las personas mayores es también ayuda sanitaria y económica", y ha advertido de las consecuencias de la soledad, "que afecta a la calidad de vida de todas las personas, especialmente, de las de más edad". Omar Cauli ha señalado que el colectivo de mayores presenta una gran diversificación tanto física, como intelectual y económicamente: "no todas las personas mayores tienen la misma vulnerabilidad", ha señalado. Y por eso ha advertido de que, al priorizar las líneas de intervención, "hay que tener cuidado con proteger y cuidar a los mayores según sus necesidades y circunstancias, y siempre evitando infantilizarlos, estigmatizarlos, y adoptar actitudes de gerontofobia".

En cuanto a las actuaciones post Covid-19, Cauli ha propuesto la realización de un diagnóstico inicial que permita a la administración municipal conocer qué necesidades hay en estos momentos en este ámbito y cuáles son los patrones territoriales. Asimismo, ha instado a potenciar los programas y actividades para los mayores, tanto en los centros como al aire libre, por razones de seguridad; y abundar en la peatonalización de la ciudad. Junto a estas propuestas, el experto ha apuntado otras ideas de mejora y atención de la población mayor, como facilitar su "acceso preferencial a eventos culturales, o mercados… para propiciar su participación en la vida activa de la ciudad, y facilitar que las personas mayores recuperen el disfrute de la ciudad". También ha señalado la importancia de ayudar a que este colectivo tenga un acceso real a las tecnologías de la comunicación, puesto que la conexión digital, ha subrayado, "permite aliviar la soledad". Y ha concluido exponiendo la necesidad de reforzar la dotación de recursos humanos de atención especializada (enfermería familiar y comunitaria, y especialistas en psicología y gerontología).

LOURDES MIRÓN

La sesión ha continuado con las palabras de Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, entidad que aglutina a más de 90 ONG de toda la Comunidad Valenciana, 54 de ellas con sede en la ciudad de València, y cuenta con la colaboración de numerosos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Mirón ha agradecido la oportunidad de participar en la Comisión, y ha subrayado la necesidad de dar voz directamente a los colectivos de inmigrantes, "cuyo papel va a ser también relevante también a la hora de la reconstrucción". "Invito a las y los políticos a abrir el micrófono a estas personas, que son también nuestros vecinos y vecinas, porque lo que hace grande a un pueblo es que haya justicia e igualdad", ha afirmado.

Lourdes Mirón ha señalado que el mayor crecimiento en número de casos de COVID-19 se ha registrado en los países menos desarrollados, que carecen de servicios como el saneamiento o el acceso al agua potable; y ha recordado que, también en estos puntos, a la crisis sanitaria se ha unido la crisis social y económica, "que ha de obligar a que se extreme el apoyo internacional". Tal como ha recordado la representante, en determinados países y colectivos, "el confinamiento es una condena al hambre para muchas personas, ha disparado violencia machista en todo el mundo, y el cierre de las escuelas afecta a miles de niños, especialmente a aquellos que no tienen acceso a la educación on line...", y por eso ha asegurado que "los programas de salud, educación, políticas de género… necesitan ahora más recursos que nunca".

La experta ha aportado una serie de propuestas de actuación, basadas en la premisa general de la necesidad de "transformar el modelo económico y social, desde la gobernanza democrática y la justicia global". Ha asegurado que València puede ser ejemplo e impulsora de esta transformación, y por ello ha instado a que, desde el Ayuntamiento "se siga acompañando a organizaciones y comunidades locales mediante acciones de cooperación internacional, y que se siga impulsando la educación para el desarrollo y la sensibilización, especialmente en estos momentos de narrativa de insolidaridad y de discurso del odio", ha subrayado. "El Ayuntamiento ha de mantener sus compromisos presupuestarios con la cooperación", ha añadido, y ha pedido "medidas excepcionales de apoyo al sector para evitar la pérdida de empleo y la desintegración". Mirón ha concluido con un "llamamiento a la ciudadanía valenciana para comprometerse con las ONGD, seguir trabajando juntos en el impulso a un sistema justo, sostenible y basado en los derechos humanos".

LUIS VAÑÓ

Seguidamente ha hablado Luis Vañó, en representació de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valenciana (integrada por la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Vañó se ha dirigido a las concejalas y concejales presentes en la sesión, a quienes ha dicho que "éste es el momento de impulsar una revolución global que tenga como objeto la protección del ser humano. Tenemos un nuevo reto: redimensionar la ciudad de València y sus espacios, permitiendo su uso y disfrute a todas las personas. Es el tiempo de las personas por y para las personas".

Para ello, el experto en atención social ha detallado una serie de propuestas concretas en las que el Ayuntamiento, ha afirmado, debería actuar "contra lo que es realmente, una crisis de vulnerabilidad, dado que –ha asegurado- la inicial crisis sanitaria es ya una gran pandemia social, y hay que invertir en herramientas que nos permitan superar la fragilidad de la sociedad". Vañó ha señalado la necesidad de implementar medidas de eliminación del "sinhogarismo", de acceso a viviendas adecuadas y accesibles, de protección a las personas con discapacidad, de inclusión de la población gitana valenciana, de actuación contra la brecha digital, o de ampliación de las ayudas públicas a las ONG. En este contexto, el experto ha manifestado el respaldo de la Plataforma a la reclamación del Ayuntamiento de València y de otras entidades locales para que el Gobierno del Estado desbloquee el acceso de los ayuntamientos a sus superávits "sin ninguna limitación y con la mayor inmediatez".

Durante su ponencia, Vañó ha aportado otra serie de medidas concretas de mejora de la asistencia al tercer sector de la sociedad, entre ellas la creación de un Call Center (para atención a cuestiones de personas mayores, de género y ayuda psicológica), la implementación del teletrabajo como una modalidad más de prestación de servicios en el Ayuntamiento, o la creación de un Fondo Local de promoción de la accesibilidad, entre otras iniciativas. Vañó ha concluido señalando su satisfacción por la aprobación por parte del Pleno, el pasado 28 mayo, de la creación del Consejo Local Personas con Discapacidad.

GUADALUPE FERRER

La sesión ha concluido con la intervención de la directora-gerente de Casa Caridad, Guadalupe Ferrer, quien ha defendido que el Ayuntamiento "es quien ha de unificar y centralizar a todas las ONG que realizan entrega de alimentos, mediante un registro de las entidades que lo llevan a cabo". "El Ayuntamiento tiene recursos –ha reconocido- pero ha de decidir de una manera rápida y eficaz cómo trabajar, sin duplicar recursos, y bajo su dirección". "Hemos de aprender de nuestros errores –ha indicado- y hemos de estar preparados por si la situación se repite, para tener los espacios y los medios previstos".

Ferrer ha dedicado la primera parte de su intervención a describir las carencias que se han observado en el ámbito de la atención social en la ciudad de València durante la pandemia. Entre ellas, ha citado la complicación derivada de atender en confinamiento a personas sin hogar en la ciudad, muchas de ellas con adicciones y/o enfermedades mentales; y también las "carencias en plazas de albergues, la falta de material o el desconocimiento de la Policía Local de los recursos para gente sin hogar", según ha afirmado ante la Comisión. "El Ayuntamiento debería haber actuado de la mano de Salud Pública", ha añadido; y ha señalado que la ciudad "necesita plazas de albergue de baja exigencia, pero no macrocentros, sino espacios más pequeños diseminados por los barrios, para evitar la creación de ghettos".

La representante de Casa Caridad ha explicado que esta ONG ha atendido a casi un millar de personas, pero ha señalado que, puesto que la pandemia por COVID-19 generará nuevas personas en exclusión, "las necesidades de atención social en València van a ser mayores, por lo que será necesario un incremento del personal municipal y del número de centros de servicios sociales municipales, y un mejor funcionamiento de éstos. De hecho, ha apuntado, el funcionamiento de estos centros "se verá aún más saturado cuando haya que comenzar a gestionar la Renta Mínima Vital aprobada recientemente". Ferrer ha concluido instando a la profesionalización de la atención, dado que las necesidades son específicas y diferentes en cada caso. "Habrá que diferenciar la problemática social a la hora de actuar en cada caso, plantearnos cómo evitar los efectos de la crisis y disponer de recursos sociales especiales, puesto que hay que trabajar bien cada caso con itinerarios de reinserción distintos". La experta ha concluido señalando la importancia de la colaboración público-privada y de la coordinación del Ayuntamiento.

Esta tercera sesión de la Comisión, centrada en la equidad y garantía de los derechos sociales, continuará esta tarde con las aportaciones de representantes de entidades y asociaciones de la sociedad civil.

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