A mediados de este mes el Grupo de Propiedad Intelectual de la Brigada Provincial de la Policía Judicial y el Grupo Antipiratería de la Brigada Central de Seguridad Informática de la Unidad de Investigación Tecnológica tuvieron que cumplir su labor en un tema espinoso: detener a un hombre que pirateaba y compartía libros electrónicos en la red.
La investigación para su captura fue realizada por el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), que se encarga de salvaguardar el cumplimiento de la ley del derecho de autor, y a día de hoy causa diversas reacciones en la opinión pública y las redes sociales.
El hombre en cuestión es valenciano y es el primer español en ser procesado por este crimen. ¿Cuál? Subir miles de libros a plataformas de descarga gratuita, una actividad que es una afrenta contra los derechos de autores y editores, pero al mismo tiempo un aporte a la difusión de la cultura en Internet. Más allá de las opiniones de uno y otro lado.
En cualquier caso, la intención del detenido, según la Policía, era lucrar, ya que se presume que recibía dinero por cada descarga. Se presume, sin embargo, pues esto es también dudoso al considerar el funcionamiento del formato ePub y otros que utilizan los sitios digitales, y mas aun al tener en cuenta el procedimiento de esta especie de Peter Pan bibliófilo que hizo perder unos cuantos euros a escritores, editoriales y portales de distribución. Concretamente, €400.000.
El implicado utilizaba un pseudónimo y, de forma sagrada y organizadamente, descargaba en su disco duro libros electrónicos recién publicados desde páginas de pago. Luego, procedía a desactivar la programación anti-copia de los eBooks. Su último paso era subirlos a un foro u otros quince sitios; fueron más de 11000 archivos entre libros de un solo volumen y colecciones.
Lo que provocaba el reconocido usuario era una reacción en cadena. Los archivos se difuminaban por varios sitios web y literalmente eran descargados por miles de lectores interesados en su contenido.
La lectura gratuita
Su detención marca un antecedente en España que es complicado de abordar sin matices. ¿El implicado merece ser detenido en nombre de los derechos de autor y los daños económicos que causó? ¿Debería omitirse su contribución al aporte de la cultura? En perspectiva, si el hombre hubiese querido lucrar podría haber elegido un área más provechosa que la mermada industria de los libros, tan golpeada por la crisis.
Como otros casos que en los últimos años han comenzado polémicas en la industria del cine o la música, este nuevo suceso implica preguntarse cómo se comparte literatura actualmente. Según el Observatorio de la Piratería 2015, cada vez que el año pasado se descargó un libro de forma legal, siete se obtuvieron de forma gratuita. Otro dato: 15% de los españoles descargaron libros ilegalmente. Si cada día se ven más e-readers en el Metro de Valencia, ¿cuántos de estos libros se descargaron gratuitamente?
Con esta realidad, vale preguntarse si la sociedad española está preparada para condenar judicial y moralmente a un pirata informático que sobrepasó los márgenes de la ley y, al mismo tiempo, permitió la difusión de la cultura.