El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 diputados del grupo parlamentario 'popular' contra varios artículos, disposiciones transitorias y apartados de la Ley de Servicios Sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, que busca blindar los derechos sociales como "esenciales" y de "interés general".
En concreto, los diputados del PP habían recurrido los artículos 27.5, 30, 104.1b), 105.1, 106.2 y 3, 108, 109, 110, disposiciones transitorias primera, cuarta, apartados 4 y 5 y quinta, apartados 2 y 3, de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la normativa, según ha informado el TC.
El tribunal dispone que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, a la Generalitat y a Les Corts para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Los recurrentes consideran que la ley impugnada ha podido vulnerar los artículos 137, 141 y 142 de la Constitución Española y los preceptos 66.1 y 3 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, así como otros artículos de la Ley de Bases del Régimen Local. La sentencia que se dicte en su día será redactada por el Magistrado Cándido Conde-Pumpido.
El pleno de Les Corts aprobó el pasado mes de enero, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podem, la abstención de Cs y el rechazo del PP, la Ley Valenciana de Servicios Sociales que busca blindar los derechos sociales como "esenciales" y de "interés general" y ante la denuncia del PP de "irregularidades" en su tramitación, lo que le ha llevado a presentar un recurso ante la Mesa de Les Corts y posteriormente ante el TC.
En concreto, el texto reconoce y garantiza el acceso al sistema público valenciano de servicios sociales a todas las personas con residencia en la Comunitat y que necesiten de los servicios, adaptándose este a las personas y no viceversa.
También incorpora el derecho subjetivo de acceso al sistema de servicios sociales, garantizando crédito presupuestario, delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales y la Generalitat y crea el Instituto Valenciano de Formación, Calidad e Investigación en Servicios Sociales para promover la calidad en los servicios, prestaciones y recursos humanos de la red pública.