El diputado de Compromís en las Corts, Carles Esteve, junto con la también diputada Graciela Ferrer, han presentado una propuesta para que las Corts insten al Consell a estudiar la implementación de mecanismos de financiación directa, dirigidos a los municipios con suelo protegido por el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de l'Horta de València (PATODHV), para obtener suelo dotacional sin necesidad de recurrir al desarrollo de nuevo suelo urbanizable sobre suelo rural común mediante agentes urbanizadores. "Una financiación que tendría que priorizar la reconversión de zonas industriales consolidadas, especialmente si se encuentran en desuso", han explicado.
Según Esteve, "lo que proponemos es complementar herramientas muy útiles que tenemos ya de la legislatura anterior, como es la Ley de l'Horta o el Plan de Acción Territorial. Necesitamos que los pueblos puedan hacer lo que necesitan, como un colegio, un instituto, un centro de salud o un parque. Es decir, cualquier necesidad dotacional que tengan. No puede ser que la única manera sea ir a construir más viviendas mediante agentes urbanizadores, que acaban destruyendo huerta productiva. Y más todavía: si tenemos un municipio donde hay viviendas vacías, ¿qué sentido tiene continuar construyendo?".
El diputado de Compromís ha recordado que "la Ley de l'Horta prohíbe expresamente cualquier desarrollo urbanístico no contemplado en el PATODHV. Para el caso, el PATODHV establece las zonas rurales comunes, que delimitan las posibilidades de crecimiento urbanístico o de obtención de suelo dotacional, siempre atendiendo a la legislación vigente en materia de evaluación ambiental. Se limita especialmente el uso industrial, instando la reconversión de las áreas industriales a usos agrarios, residenciales, terciarios o dotacionales".
Además, "la realidad presupuestaria de los municipios integrados en el PATODHV es muy diversa pero hay algunos casos con grandes endeudamientos heredados de legislaturas pasadas y de una financiación insuficiente. Esta situación condiciona la capacidad de obtención de suelo dotacional para las infraestructuras públicas necesarias, dejando la puerta abierta a la participación de agentes urbanizadores que hacen frente a ese gasto a cambio de los derechos de urbanizar. El resultado es que, en muchos casos, volvemos a modelos de urbanismo anacrónicos y especulativos como herramienta de las políticas municipales".
Por otro lado, el 6 de septiembre de 2019, el Consell presentó la Declaración de Emergencia Climática en la Comunidad Valenciana, "donde entre otras medidas se compromete a que la declaración de emergencia climática es tenida en cuenta en el diseño, desarrollo y aplicación de las diferentes políticas públicas sectoriales especialmente en lo vigente en territorio, urbanismo, vivienda, medio ambiente, entre otros. Y también se compromete a coordinarse con el resto de administraciones estatales, autonómicas y locales, alineadas con las directrices europeas para crear un entorno resiliente, teniendo en cuenta la vulnerabilidad propia de nuestro territorio".
"Entendiendo esta declaración como eje transversal y prioritario de las políticas en el País Valenciano, resulta imprescindible una revisión de los efectos sobre los espacios protegidos de la aplicación de las normativas mencionadas y la ampliación de los mecanismos que garanticen que se cumple con el espíritu de protección de la huerta", ha concluido el diputado Carles Esteve.