La exdirigente de Vox, Cristina Seguí, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia a causa de la publicación de un vídeo en sus redes sociales protagonizado por menores que denunciaron una agresión sexual por parte de cinco adolescentes de entre 15 y 17 años el 16 de mayo en la localidad valenciana de Burjassot.
Cristina Seguí prestó declaración en el juzgado el pasado jueves 22 de diciembre. La Fiscalía de Valencia había denunciado en noviembre la difusión del vídeo al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la intimidad, tipificado en los artículos 197 y siguientes del Código Penal, y/o un delito de odio, recogido en el artículo 510.1.
La organización FACUA-Consumidores en Acción ha estado interviniendo en este caso y aportó a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía certificados digitales de los mensajes publicados por la denunciada en su cuenta de Twitter y su canal de Telegram. En ellos, se muestra como insertó distintas versiones de un vídeo donde las niñas de 12 y 13 años supuestamente agredidas sexualmente el 16 de mayo en Burjassot hablaban con una amiga, también menor.
Las pruebas enviadas por FACUA han sido incorporadas a la instrucción y también están en poder de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Al inicio de su investigación, este organismo requirió a Cristina Seguí que borrase los mensajes en los que había insertado el vídeo, donde se mencionaba el nombre de una de las menores y el primer apellido de otra, aparecía el nombre de usuario en Instagram de una de las víctimas y, durante un momento, podían verse las caras de dos de las niñas que conversaban.
Aunque Cristina Seguí borró varios de los mensajes, volvió a publicar otra versión del vídeo, esta vez con las imágenes pixeladas, lo que en cualquier caso no impedía que las menores pudiesen ser reconocidas por el resto de datos personales que aparecían en él.
Por lo que respecta al caso, cinco menores, de entre 15 y 17 años, fueron arrestados y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores por su presunta implicación en la agresión sexual. El ministerio público reclamó el internamiento de cuatro de ellos en régimen cerrado pero el juzgado ordenó su libertad vigilada con órdenes de alejamiento, una decisión que fue recurrida por la Fiscalía.