La Guardia Civil de Valencia ha llevado a cabo una importante operación que ha culminado con la investigación de un hombre de 50 años por un delito contra la flora y fauna. El individuo ha sido vinculado a la tenencia ilegal de 229 ejemplares de tortuga mora (Testudo graeca), una especie protegida, en una finca ubicada en la localidad de Picassent. Esta incautación representa la mayor intervención de ejemplares de esta especie en la península, según han informado las autoridades.
Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de abril, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Valencia recibió información sobre la posible presencia de una gran cantidad de tortugas terrestres protegidas en una finca de Picassent. Tras una exhaustiva investigación, los agentes procedieron a realizar un registro en las instalaciones señaladas.
Durante la inspección, se localizaron un total de 229 ejemplares de tortuga mora, una especie cuya tenencia está regulada por diversas normativas, incluyendo el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (LESPRE). La falta de documentación que justificara el origen y la legal tenencia de estos animales llevó a la intervención por parte de las autoridades competentes.
Tras la incautación, las tortugas fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de El Saler, en Valencia, donde recibirán el cuidado y la atención necesarios para su bienestar. En este proceso, colaboraron varios veterinarios adscritos a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, garantizando así el correcto manejo de los ejemplares intervenidos.
En el marco de esta operación, la Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación del propietario de la finca, un hombre de 50 años y nacionalidad española, por su presunta implicación en un delito contra la flora y fauna. Las diligencias resultantes de esta actuación han sido entregadas en la Fiscalía de Medioambiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde se determinará el curso legal a seguir en este caso.