El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) ha exigido este lunes a los partidos que sustentan el Consell del Botànic una Ley de Igualdad Lingüística tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre el decreto de usos del valenciano en la administración: "Ahora más que nunca se ha demostrado que la Llei d'Ús i Ensenyament ya no es un instrumento válido".
En un comunicado, el sindicato ha calificado de "muy grave" la "deriva autoritaria del poder judicial contra el autogobierno valenciano" y ha advertido de que las dos sentencias recientes del Tribunal Supremo (TS) respecto al decreto de usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la administración "atentan contra los derechos lingüísticos de los valencianoparlantes".
Ha asegurado que seguirán defendiendo sus derechos lingüísticos y de autogobierno "ante todas las instancias políticas y judiciales" y ha pedido a los partidos del Botànic "hacer cambios legislativos".
"Hemos pedido muchas veces la publicación de una Ley de Igualdad Lingüística. Si la Generalitat quiere defender los derechos de los valenciano parlantes debe aprobar de manera urgente una Ley de Igualdad Lingüística que ponga los derechos lingüísticos de los valencianoparlantes al mismo nivel que los de los castellanoparlantes", ha agregado.
La central sindical ha recordado que las dos sentencias del TS tienen su origen en los recursos interpuestos por diputados del PP y por el sindicato CSIF a ese decreto y hay, además, pendientes de sentencia otros dos, los de la Abogacía del Estado (bajo el entonces Gobierno del PP) y de la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana.
"Las sentencias del TS son consecuencia de los recursos de casación que la Generalitat y STEPV-IV interpusimos contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaban gran parte del decreto, 14 artículos en total", han indicado.
El TS ha dictaminado que la cuestión de interés casacional debía centrarse en la salvedad que incluye el artículo 12.3 que establece que "cuando deban tener efecto fuera del territorio de la Comunitat Valenciana, las notificaciones y las comunicaciones se redactarán en valenciano y en castellano", aunque añade, "salvo que se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano y en este caso solo se redactarán en esta lengua" y "se redactarán también en castellano cuando lo solicite la persona interesada".
Para el sindicato, el TS ha "obviado completamente" en su argumentación los "numerosísimos argumentos legales y jurisprudenciales que se le han aportado en defensa de la legalidad y la oportunidad del decreto".
"Haciendo servir el nominalismo sin la más mínima vergüenza ni rigor científico, confirma la anulación hecha por el TSJCV. Y precisamente los que hacen servir el puro nominalismo para dictar sentencia son incapaces de poner el nombre en valenciano tanto de nuestro sindicato o de la Generalitat", ha agregado.
Por ello, desde STEPV-IV consideran "intolerable" esta "deriva autoritaria del poder judicial contra el autogobierno valenciano y, muy especialmente, contra los derechos lingüísticos de los valencianoparlantes".