El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado que la Ley de Acompañamiento "recoge un amplio abanico de medidas fiscales, sociales o de impulso económico que guiarán la actuación del Consell durante el año próximo y que constituye el marco sobre el que se configura un nuevo inicio para la recuperación económica y la cohesión social en la Comunitat Valenciana".
Soler ha realizado estas declaraciones ante el Pleno de Les Corts, durante al debate a la totalidad del Proyecto de Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, la denominada Ley de Acompañamiento, donde ha incidido en que esta normativa "apuntala la acción del Botànic hacia la justicia fiscal, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades"
Durante su intervención, el conseller ha asegurado que la máxima prioridad de la Ley es "la lucha contra la crisis provocada por la pandemia, a través de la reactivación de los sectores productivos tractores de nuestra economía, la lucha contra el despoblamiento, contra el cambio climático y las políticas de cohesión social".
Además, ha incidido en que el texto incorpora numerosas aportaciones realizadas durante el periodo de información pública, de acuerdo con las previsiones legales y dentro del compromiso de este Consell para impulsar la cogobernanza y la transparencia.
Asimismo, Soler se ha mostrado esperanzado en que, durante el trámite parlamentario, "se alcancen consensos para avanzar en la aplicación de una fiscalidad justa, tal y como recoge el artículo 31 de la Constitución, consistente en que contribuya más quien más tiene, especialmente en una crisis como la actual, en forma de K, en la que uno pocos han ganado y muchos han perdido".
Para ello, el conseller ha reclamado ante los parlamentarios "la unidad de acción de todas las fuerzas políticas que nos pide la sociedad valenciana, por encima del partidismo, para trabajar juntos por nuestra tierra, por nuestra gente, por los valencianos y valencianas, para volver a levantarnos más fuertes y un poco más iguales".
Apoyo al sector productivo y a trabajadores y trabajadoras
Durante su intervención, el conseller ha asegurado que las medidas contempladas en la Ley se enmarcan en cuatro ejes de acción: apoyo al sector productivo y a los trabajadores, mejora de la protección social y vertebración territorial, mayor sostenibilidad medioambiental y una gestión administrativa más eficaz y participativa.En concreto, respecto del apoyo económico y financiero al sector productivo y a los trabajadores se materializará mediante medidas como deducciones para compensar la mayor carga fiscal en el IRPF derivada de las ayudas o subvenciones que hayan podido recibir los trabajadores afectados por ERTE o aquellos que han reducido la jornada laboral por conciliación familiar durante el estado de alarma.
"Asimismo -ha añadido Soler- se realiza un reconocimiento explícito al esfuerzo económico que de manera solidaria han realizado valencianos y valencianas anónimos para frenar el virus, creando una deducción para las donaciones dinerarias dirigidas a financiar programas de investigación, innovación, desarrollo científico o tecnológico en el campo del tratamiento y prevención de la COVID-19; y otra deducción del 20% para donaciones, en metálico o en especie, para contribuir a la financiación de los gastos relacionados con la crisis sanitaria".
Finalmente, el conseller ha asegurado que se pretende continuar apoyando al tejido productivo valenciano "a través de préstamos bonificados y otras líneas de financiación que el Institut Valencià de Finances ofrece y que ha demostrado ser un instrumento útil para promover actividades económicas en los diferentes sectores productivos y poder hacer frente a la crisis".
Para ello, el IVF contempla bonificar el coste de los avales otorgados por la SGR a las pymes, bonificación de la que actualmente solo se benefician los trabajadores autónomos. Además, el IVF incluirá por primera vez a las organizaciones sindicales y empresariales como destinatarios de su financiación, con el objetivo de potenciar la actividad de los agentes económicos y sociales en la actual situación de pandemia.
Mejora de la protección social y vertebración territorial
Respecto a la mejora de la protección social y la vertebración territorial, el conseller ha explicado que la ley contempla "un paquete de medidas sociales dirigidas a la lucha contra el despoblamiento, apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, y la lucha contra la prostitución".Soler ha asegurado que "una de las prioridades del Consell es, precisamente, revertir los procesos de abandono que afectan a anchas zonas rurales del territorio valenciano y fomentar su vertebración". Para favorecer la consecución de este objetivo, se contempla la creación de una deducción autonómica de 300 euros para contribuyentes que residan en algún municipio con peligro de despoblamiento.
Esta cantidad se verá incrementada en 120 euros si las familias tienen un hijo o hija, 180 euros si se tienen dos y 240 euros, si se tienen tres descendientes. De esta manera, una familia numerosa podrá beneficiarse de una deducción de hasta 540 euros en el IRPF.
Por otro lado, para atender los problemas de desplazamiento y movilidad de los residentes en zonas rurales o de difícil acceso y garantizar una mayor economía de medios, los servicios de transporte regular de uso especial contratados por la Administración para el transporte escolar, podrán ser utilizados por otros usuarios en determinadas circunstancias.
Además, se introducen acciones para favorecer la economía social y el fomento de la actividad cooperativa en estos municipios, como la deducción por aportaciones en el capital de sociedades y de cooperativas de nueva creación y que generan ocupación. Concretamente los socios que hagan estas aportaciones se deducirán un 30% hasta 6.000 euros y un 45% hasta 9.000 euros si son pymes innovadoras o están en municipios con riesgo de despoblamiento.
En cuanto al apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, y en cumplimiento de los objetivos del Pacto Valenciano contra la violencia de Género y machista, se equipara el tratamiento otorgado a las mujeres víctimas de violencia de género al de otros colectivos que ya disfrutaban de beneficios fiscales destinados a facilitar el acceso a su vivienda habitual tanto en el ámbito del IRPF como en el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
En concreto se contempla la deducción autonómica del IRPF por arrendamiento de vivienda habitual, del 15% con un límite de 550 euros, y del 20% con un límite de 700 euros; y para mujeres hasta 35 años y/o con discapacidad, la deducción es del 25% con un límite de 850 euros.
Asimismo, se ha previsto la deducción del 95% hasta 60.000 euros, en transmisiones dirigidas a donaciones en metálico a mujeres víctimas de violencia de género que tengan como objetivo la adquisición de su vivienda habitual, y la inclusión de este colectivo entre los beneficiarios de un tipo superreducido del 4% en la modalidad de Transmisiones Onerosas en la adquisición de viviendas para residencia habitual.
También se reconocen estos beneficios sobre las Transmisiones Patrimoniales Onerosas a las familias monoparentales, para el acceso a su vivienda habitual, dando así cumplimiento al compromiso adquirido por el Consell en el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.
El último bloque de políticas sociales es el referido en la lucha contra la prostitución, para lo cual se contemplan acciones inclusivas y de integración social de este colectivo. Concretamente, las mujeres víctimas de explotación sexual o tráfico de personas que se comprometen a seguir el itinerario de inclusión social para salir de la situación de prostitución se beneficiarán de un incremento de la Renta Valenciana de Inclusión de 320 euros.
Mayor sostenibilidad medioambiental
En el transcurso de su intervención, Soler ha asegurado que el tercer eje de las medidas contempladas en la ley se centra en la sostenibilidad medioambiental. En este sentido, ha anunciado la creación del Fondo Autonómico de Economía Circular, con el objetivo de mejorar la gestión de residuos y favorecer los proyectos y procedimientos orientados a la reducción de residuos.Para ello financiará inversiones y gastos en materia de prevención de residuos, reutilización y reciclaje de alta calidad, recogida selectiva y compostaje, así como fórmulas de educación ambiental local.
Por otro lado, se crea una deducción autonómica en el IRPF del10% para incentivar la adquisición o electrificación de bicicletas urbanas y vehículos eléctricos de movilidad personal; se aumenta el porcentaje de la deducción por donaciones con finalidad ecológica, que pasa del 20 al 25% a partir de los primeros 150 euros; y se bonifica el 50% de la cantidad a abonar en concepto de acceso y estancia en aguas portuarias, para barcos que utilizan gas natural para su propulsión en alta mar, o gas natural o electricidad suministrada desde el muelle para las estancias en el puerto.
Gestión administrativa más eficaz y participativa
Por último, el conseller se ha referido a la necesidad de que la gestión administrativa sea más eficaz y participativa, para lo cual se crea el Comité Valenciano para los Asuntos Europeos, se recupera el IVE y se establece el nuevo Carné de Participación Ciudadana.En concreto, la ley prevé la creación del Comité Valenciano para los Asuntos Europeos como instrumento clave para gestionar los recursos europeos que posibiliten hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia de manera eficaz. Este comité contará con la participación de profesionales independientes de reconocido prestigio y contribuirá a plantear acciones estratégicas para afianzar la posición de la Comunitat Valenciana como referente en la gestión de fondos.
En cuanto al Instituto Valenciano de Estadística (IVE), se recupera este organismo autónomo que volverá a constituirse en referente institucional en materia de elaboración y gestión de estadísticas, fundamentales para una gestión de calidad, para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas a instituciones nacionales, europeas e internacionales.
Por último, el Carné de Participación Ciudadana permitirá identificar a aquellas personas que pueden tomar parte, tal y como dispone la Ley de Transparencia, en debates sobre normas, planes, iniciativas y consultas, "haciendo efectivo así un principio compartido por el Botànic como es el de la cogobernanza ciudadana", ha concluido Soler.