El sistema de atención a la dependencia de la Comunitat Valenciana atiende actualmente a 127.478 personas a través de algún tipo de servicio o prestación económica, según se desprende del informe que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas elabora todos los meses.
Por provincias, 39.342 personas son de la provincia de Alicante, 14.627 de Castellón y 73.509 residen en la provincia de Valencia. Estas personas reciben atención especializada a través de servicios residenciales o de día o una prestación económica por cuidador del entorno familiar, tal y como el solicitante y su familia y el trabajador social acuerdan como mejor recurso para la situación personal del demandante, ha indicado la Generalitat en un comunicado.
Durante el pasado mes de junio se tramitaron un total de 3.121 expedientes, un dato que si se contabiliza desde julio de 2015 alcanza la cifra de 167.560 expedientes introducidos dentro del sistema de atención a la dependencia.
Respecto al número de solicitudes presentadas, durante el mes pasado se registraron un total de 3.932 nuevas solicitudes.
Por otra parte, el sistema de valoraciones implantado por Igualdad permite incrementar también de "forma constante" el número de valoraciones. Así, se han realizado en toda la Comunitat Valenciana 4.706 nuevas valoraciones durante junio. Este incremento responde principalmente a la "buena gestión de los equipos de los servicios sociales municipales".
En cuanto al coste de las prestaciones económicas, la Conselleria ha abonado 42,24 millones de euros correspondientes a la nómina de junio, atrasos y retroactividad.
CAMBIOS EN EL MODELO
Desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, aseguran que los avances en valoraciones y resolución de expedientes son resultado de los cambios introducidos durante la pasada legislatura en la gestión del sistema de atención a la dependencia.
En materia de personal, en los últimos años se han reforzado los servicios de dependencia de la Conselleria, así como los servicios municipales con un importante incremento presupuestario para crear una red profesional que permita a los ayuntamientos asumir la valoración y tramitación de expedientes.