La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha abogado por mantener la obligación de usar mascarilla en el transporte público hasta que los expertos se pronuncien al contrario. Se trata de una medida anticovid que aún sigue vigente, pese a que varias comunidades españolas han reclamado su eliminación desde hace meses, como la insistencia de la capital madrileña en la retirada del uso obligatorio de ésta en los transportes públicos. Además, países cercanos como Italia, que decidió que la mascarilla fuera necesaria únicamente en espacios sanitarios a partir del 1 de octubre, o Portugal, que eliminó esta medida en verano, ya cesaron esta norma hace meses.
En este sentido, así como la pandemia de la Covid-19 cumple mil días con 1,3 millones de casos y 10.187 muertes en la Comunitat Valenciana, presionada por una mayor cobertura de las vacunas y unas variantes en expansión más leves que las anteriores, Darias expone el mantenimiento de la mascarilla obligatoria en el transporte público, de la misma forma que se conserva en los vuelos con salida o destino de España. Respecto a esta última norma, Europa Press ha informado, según la fuente EBS, que Alemania también ha eliminado su uso obligatorio en aviones y aeropuertos.
En definitiva, con una mirada retrospectiva a ese 14 de marzo de 2020 en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para confirmar que el Consejo de Ministros había aprobado el Real Decreto de la declaración del estado de alarma en todo el territorio español para contener la pandemia del coronavirus, las consecuencias del virus que vino de Wuhan (China) siguen patentes en el día a día. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no espera darla por concluida hasta 2023.
Sin embargo, la normalidad es cada vez más perceptible ante un suceso que ya casi pertenece al pasado, pero que ha dejado a más de 10.000 muertos en la Comunitat Valenciana tras seis olas de mucha incertidumbre y precaución. Así, el Gobierno ha decidido seguir adoptando esta norma en el transporte público, de la mano de personas expertas que avalan la medida.